Introducción

Si bien existe importante consenso en torno a la definición de seguridad alimentaria propuesta por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, según sus siglas en inglés) en la Cumbre Mundial de Alimentación (Roma, 1996), expresada en la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el consumo de alimentos, y cierta confluencia con el enfoque de la soberanía alimentaria que se refleja en el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015, en la denominada Agenda 2030¹, los debates en torno de sus indicadores siguen presentes. La situación actual nos obliga a vitalizar la idea de que los conceptos expresan problemas concretos no resueltos y a revisar, cuando se pretende diagnosticar -en este caso- la situación de seguridad alimentaria, no solo qué y cómo se mide sino también y fundamentalmente, cómo se va a resolver. El abordaje de esta cuestión cobra especial relevancia y premura.

En un breve período, el año 2020 se vio trastocado mundialmente por la pandemia del COVID-19. El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) como estrategia para controlar la propagación, refleja su eficacia en ese sentido. No obstante, esa medida ha tenido como correlato, entre otras cuestiones, dificultades económicas de un amplio y creciente conjunto de hogares que requieren de acciones que eviten el mayor menoscabo de su alimentación.

Informes nacionales advirtieron tales efectos (MINCyT, 2020; UNICEF, 2020), al igual que se señala en otros países. Pero cabe decir que el virus aparece en un contexto ya muy deteriorado que reflejaba las dificultades para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero (ODS2), vinculado al hambre y la malnutrición. En ese camino, se hará un repaso de la situación alimentaria y nutricional mundial, latinoamericana y argentina para identificar desafíos que no son nuevos pero que debemos asumir con urgencia y a los que puede contribuir la CyT orientando la consecución de las metas instrumentales enunciadas en dicho objetivo.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, son el producto de una amplia consulta y participación de actores clave, que incorporan metas relacionadas con transformaciones económicas, productivas, sociales y ambientales y abordan todas las dimensiones de la desigualdad. Los mismos reflejan un nuevo paradigma, en el cual la sostenibilidad ocupa un lugar central para avanzar en el logro del desarrollo con igualdad e incorporan la necesidad de contar con los medios (financieros, comerciales, tecnológicos, institucionales) requeridos para su cumplimiento (Ortale y Santos, 2020a). En tal sentido, el ODS2 incluye también otras metas que no serán abordadas por limitaciones de la información disponible necesaria para establecer comparaciones e identificar tendencias. Dichas limitaciones obedecen, contrastando con las metas de reducción de la subalimentación y la malnutrición, a su reciente estipulación.

En particular, interesa aquí dimensionar la situación relativa a las metas sustantivas del ODS2, especialmente la que atañe a la población infantil en nuestro país, a fin de enfatizar lo imperativo de las acciones dirigidas a su atención.

Erradicación del hambre y la malnutrición. La situación mundial

Cinco años después de que gran parte del mundo adhiriera a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS2 denominado Hambre Cero mostraba, antes de la pandemia, insuficientes avances para ser alcanzado en 2030.

Dicho objetivo persigue las siguientes metas sustantivas: 1) poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva, diversificada y suficiente, y 2) poner fin a todas las formas de malnutrición.

La primera refiere a la carencia o privación de alimentos, y se releva a través de la prevalencia de la subalimentación ² y la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave ³.

La segunda meta incluye tres indicadores sobre la prevalencia en niños/as menores de 5 años de: retraso en el crecimiento (desnutrición crónica o baja estatura para la edad); emaciación (desnutrición aguda o bajo peso para la estatura) y sobrepeso (exceso de peso para la estatura).

Los datos indican magros avances hacia ambas metas. Diversas circunstancias o factores (desaceleración y debilitamiento de las economías, conflictos, variabilidad climática, fenómenos meteorológicos extremos) a los que se añaden perspectivas económicas poco alentadoras a raíz del Covid-19, enturbian el horizonte de un modo que nadie podría haber anticipado.

Estimaciones para 2019 muestran que antes de la pandemia, el 8,9% de la población mundial (casi 690 millones de personas) estaba subalimentada, habiendo aumentado en 60 millones en cinco años. De continuar esa tendencia, es previsible que en 2030 las personas subalimentadas superen los 840 millones (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2020).

En este documento, también se informa que en 2019 la inseguridad alimentaria afectaba a una cuarta parte de la población mundial (2.000 millones de personas): el 9,7% (casi 750 millones de personas) estuvo expuesta a niveles graves y el 16% (1.250 millones de personas) a niveles moderados de inseguridad alimentaria. Excepto Europa y América del Norte, aumentó en todas las regiones desde 2014, sobre todo la de tipo moderado. Si bien África presenta los niveles más altos de inseguridad alimentaria total, es en América Latina y el Caribe donde aumentó con más rapidez: del 22,9% en 2014 al 31,7% en 2019, debido a un aumento acusado en América del Sur.

Con relación a la malnutrición, en 2019 había un 21,3% (144 millones) de niños/as menores de cinco años con retraso del crecimiento, el 6,9% (47 millones) padecía emaciación, el 5,6% (38,3 millones) tenía sobrepeso y al menos 340 millones de niños tenían deficiencias de micronutrientes.

El retraso del crecimiento está estrechamente ligado a los ingresos de los hogares: los/as niños/as del quintil más pobre duplicaban la prevalencia de retraso en el crecimiento de los del quintil más rico.

Si bien entre 2000 y 2019 su prevalencia se redujo un tercio, el ritmo de reducción desde 2012 está muy por debajo de lo necesario para cumplir con las metas, tanto de la Asamblea Mundial de la Salud para 2025 como la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. También el 6,9% de emaciados representa una cifra significativamente superior a las metas de 2025 (5%) y 2030 (3%).

La prevalencia del 5,6% de sobrepeso muestra un incremento en los niños y niñas y además la obesidad en adultos sigue aumentando en todas las subregiones.

Numerosos estudios han constatado que las dietas saludables tienen un costo mayor que las dietas con alimentos densamente calóricos, procesados y menos saludables, y la diferencia de precios entre aquellos que contribuyen a dietas saludables y los que no ha aumentado. Para los hogares de escasos recursos, es más fácil acceder a alimentos nutricionalmente más pobres y altos en calorías (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019).

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019), en la mayoría de las regiones, menos del 40% de los niños/as alcanzaba la diversidad dietética mínima, con marcadas disparidades según lugar de residencia (urbano/rural) y riqueza.

Las personas que no disponen de acceso a dietas saludables viven en todas las regiones; se trata de un problema global y la pandemia supone una grave amenaza para la alimentación ya deteriorada. Previsiones económicas recientes, a ser interpretadas con precaución debido a la incertidumbre del contexto, sugieren que la pandemia podría añadir entre 83 y 132 millones al total de personas subalimentadas existentes en el mundo en 2020 (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2020).

La situación en América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe (ALyC) disponen de alimentos suficientes para toda su población. El promedio actual de 3.000 calorías disponibles por persona/día supera el consumo promedio recomendado de aproximadamente 2.000 (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019). Su capacidad productiva es suficiente para abastecerse, habiéndose convertido en una región exportadora neta de productos agroalimentarios.

Es el acceso a los alimentos y no la disponibilidad lo que constituye el problema fundamental, constatado desde larga data. En los últimos 5 años, los ingresos de los hogares y el precio de los alimentos, han horadado más el poder adquisitivo, deteriorando el acceso y calidad de la alimentación. La desaceleración económica de los países de ALyC desde 2014, con el correlativo aumento del desempleo y del empleo informal, han afectado la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas, con dispares efectos en diversos grupos de población, cuestión especialmente significativa para una región con altos niveles de desigualdad (CEPAL, 2019).

De hecho, en ese período, las muertes anuales por causas asociadas a una mala alimentación afectó a 600.000 adultos (FAO/CEPAL, 2020).

El aumento de la pobreza extrema o indigencia da cuenta de las dificultades para acceder a una canasta que cubra las necesidades alimentarias básicas: en 2018 el 10,2% de la población de ALyC vivía en pobreza extrema (63 millones de personas), contrastando con el nivel mínimo, de las últimas dos décadas, alcanzado en 2014: 7,8% (46 millones de personas). También aumentó la pobreza general a partir de su menor nivel en 2014. En 2018 alcanzó al 29,6%, por lo que el número de pobres pasó de 164 millones a 182 millones (CEPAL, 2019).

Respecto de la subalimentación, entre 2000 y 2018 se redujo casi a la mitad, pasando del 11,9% al 6,5%. Esa reducción, sostenida hasta 2014, se revierte y aumenta a partir de entonces, incremento atribuible casi en su totalidad a Sudamérica (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019).

Datos recientes indican que la subalimentación en 2019 ascendió al 7,4%; la región ha experimentado un aumento de 9 millones de personas subalimentadas entre 2015 y 2019. Algunas previsiones estiman una prevalencia del 9,5% para 2030 (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2020).

Por su parte, la inseguridad alimentaria aumentó entre los dos trienios en los que se aplicó la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES): 2014-2016 y 2016-2018. Ambas -moderada y grave- pasaron del 26,2% a 31,1% (la grave creció de 7,3% a 8,9%). Esta tendencia se registra también y con desigual intensidad, a nivel mundial y en los niveles subregionales de Sudamérica y Argentina.

En el último trienio, 187 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave; la mayoría concentrada en Sudamérica.

Cabe decir que la brecha de género en la inseguridad alimentaria en ALyC, cinco veces superior en las mujeres adultas respecto a los hombres adultos, es más pronunciada que la mundial.

Respecto de la malnutrición, durante los últimos 30 años, todas las subregiones de ALyC disminuyeron la prevalencia del retraso en el crecimiento en niñas y niños menores de 5 años, con una reducción a menos de la mitad entre 1990 y 2018: de 22,8% (12,9 millones) a 9% (4,8 millones).

La emaciación también descendió y en 2018 su prevalencia fue estimada en el 1,3%, muy por debajo de la mundial (7,3%).

A diferencia de los indicadores anteriores, el sobrepeso creció, siendo del 7,5% en 2018 (4 millones), por encima de la prevalencia mundial de 5,9%.

Si bien este aumento fue más lento en Sudamérica, esta subregión sigue concentrando la mayor parte de población infantil con sobrepeso: dos de cada tres niñas o niños con sobrepeso de ALyC habitan en algún país sudamericano.

En población adulta, el exceso de peso creció desde mediados de 1970, alcanzando el 60% en 2016, superando la cifra mundial.

Suscita especial preocupación la obesidad y su acelerado crecimiento por las consecuencias en la salud. Mientras que las tasas de sobrepeso -en el mundo y en ALyC- casi se duplicaron entre 1975 y 2016, la obesidad en los adultos se incrementó mucho más, sobre todo en ALyC: pasó del 7% al 24% en los respectivos años, y en el mundo del 5% y al 13%.

La situación en Argentina

El Covid-19 restó posibilidades de expansión al Plan Argentina Contra el Hambre, iniciado con ímpetu a fines de 2019 y planteado como una de las políticas centrales del nuevo gobierno. A continuación, caracterizaremos la situación que estaba en la base de dicho plan.

Sabemos que la incidencia de la pobreza y la indigencia resulta de la capacidad de los hogares de acceder, mediante sus ingresos monetarios, a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT), y que la brecha es la distancia entre los ingresos y el valor de las canastas.

En el segundo semestre de 2019, los hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzaron el 25,9%, abarcando un 35,5% de personas. Dentro de este conjunto se distingue un 5,7% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 8% de las personas (INDEC, 2020).

Respecto al primer semestre de 2019, los indicadores mostraron un relativo estancamiento de la pobreza y un aumento de la indigencia, pero la variación interanual refleja un incremento de 3,5 puntos de personas bajo la línea de pobreza y de 1,3 puntos bajo la línea de indigencia.

También se evidencia que más de la mitad (52,3%) de las personas de 0 a 14 años eran pobres.

En el segundo semestre, la magnitud de la insuficiencia de ingresos en los hogares indigentes y pobres (con una media de 4,2 personas) era de más de un tercio: el promedio de ingresos de los hogares indigentes era un 38,2% inferior al valor que correspondía a su canasta básica alimentaria. En el caso de los hogares pobres, el promedio de sus ingresos estaba 39,8% por debajo del que correspondía al valor de su canasta básica total (INDEC, 2020).

Respecto a la malnutrición, nuestro país considera en el Objetivo Hambre Cero, indicadores referidos a población infantil menor de 5 años con cobertura pública de salud exclusiva y toma como línea de base datos de 2013 aportados por el INDEC y el Ministerio de Salud (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2020). Entre 2013 y 2018 el retraso de crecimiento (cuya prevalencia esperada para 2030 es del 5%) descendió del 11,3% al 9,7%. Inversamente, los indicadores sobre bajo y alto peso para la talla empeoraron en el mismo período: la prevalencia de bajo peso pasó del 2,4% al 3% en 2018 (se espera que no supere el 1% en 2030) y el exceso de peso aumentó del 11,6% al 12,5% (con expectativas de disminución al 8% en 2030).

En los últimos quince años el Ministerio de Salud ha realizado ocho estudios nacionales sobre la alimentación y nutrición de niños o adultos: dos ediciones de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, tres Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo en adultos y tres ediciones de la Encuesta Mundial de Salud Escolar. Asimismo, distintas instituciones académicas, de CyT y profesionales producen información de suma relevancia y de distinto alcance sobre inseguridad alimentaria: el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas, el Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil, entre otras. Aportando a dicha temática, la Encuesta Nacional sobre Estructura Social, realizada por el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea en 2014-2015, puso en evidencia que el 12,3% de los hogares estaba afectado por alguna forma de inseguridad alimentaria, con marcadas desigualdades (Ortale y Santos, 2020b).

Con relación a la población infantil, se realizaron dos encuestas nacionales de nutrición y salud (ENNyS): en 2004-2005 y en 2017-2018.

La primera abarcó niños y niñas mayores de 6 meses a 5 años, embarazadas y mujeres en edad fértil, mientras que la segunda incluyó a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años y a población de 18 años y más.

En la primera se observó que la anemia afectaba al 35,3% de los menores de 2 años. En menores de 5 años, se registró un 8% de retraso del crecimiento (baja talla), 1,3% de emaciación y 10,4% de exceso de peso.

En la segunda, la proporción de emaciación en menores de 5 años se incrementó, afectando al 1,6%. La proporción de baja talla fue similar (7,9%) y el exceso de peso aumentó al 13,6% (10% de sobrepeso y 3,6% de obesidad).

En el grupo de 5 a 17 años, la malnutrición por déficits es menor y la malnutrición por exceso triplica a la del anterior grupo de edad.

El exceso de peso fue la manifestación más frecuente de malnutrición en niños, niñas y adolescentes y su aumento es concordante con otras encuestas.

En el caso de la malnutrición por déficit, se observa que la baja talla y el bajo peso se mantienen en valores relativamente estables y se relacionan de manera inversa al nivel socioeconómico, no así el sobrepeso y la obesidad que fueron similares para todos los niveles de ingreso.

Respecto al consumo de alimentos, la última ENNyS encuentra que la proporción de población que refirió haber consumido diariamente los alimentos recomendados (frutas, verduras, carnes, lácteos) fue baja, sobre todo en el caso de las frutas y verduras. Contrastando, fue elevada la proporción de quienes manifestaron consumir diaria o frecuentemente alimentos ultraprocesados de bajo valor nutricional, con alto contenido de azúcar, grasas y sal.

El consumo de alimentos nutritivos es significativamente menor en los grupos de niveles educativos bajos y en los de menores ingresos. Y si bien ese gradiente socioeconómico se observa en toda la población, el patrón alimentario de los niños, niñas y adolescentes es menos saludable que el de los adultos (Ministerio de Salud de la Nación, 2019).

La 3° Encuesta Mundial de Salud Escolar (2018) halló que durante la última semana, de cada 10 adolescentes de 13 a 17 años, 2 habían consumido frutas dos o más veces por día, 1 verduras tres o más veces diarias, un tercio bebidas azucaradas 1 o más veces al día, 1 consumió en lugares de comida rápida 3 o más días. En esa última edición, el 37,7% de los estudiantes presentó exceso de peso, habiéndose incrementado desde la 1° EMSE de 2007.

La Argentina sigue la tendencia mundial respecto a la expansión del consumo de alimentos ultraprocesados, de baja calidad nutricional, patrón que atraviesa a todo el entramado social y que afecta especialmente a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Son estas poblaciones las que se encuentran en las peores condiciones para hacer frente a una epidemia como la del COVID-19. No obstante el conjunto de programas nacionales generados para paliar los efectos del ASPO en la economía de los hogares, el cese o la reducción del trabajo, la pérdida de ingresos, la inflación, están generando que los hogares ya pobres y otros nuevos, incrementen sus dificultades para cubrir las necesidades básicas, las que están siendo además atendidas de manera significativa, por densas redes territoriales en las que confluye la solidaridad de un amplio conjunto de actores.

Dicho esto, y aunque resulte inoportuno subir la vara, es importante destacar que la línea de indigencia a partir de la cual nos aproximamos a identificar situaciones de inseguridad alimentaria (en sentido amplio), no da cuenta cabalmente de ella ni del derecho a la alimentación. El umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas que satisface la canasta básica alimentaria dista de lo que se considera una alimentación saludable. Estudios nacionales también muestran el mayor costo de una canasta básica nutricionalmente apropiada, denominada canasta alimentaria saludable en contraste con la canasta básica alimentaria. El costo de esta última, deficiente en calidad, era en 2018 la mitad del que correspondía al de la canasta básica saludable, consistente con las Guías Alimentarias para la Población Argentina (Britos et al., 2018). Además, la diferencia entre los precios de los alimentos nutritivos y los menos saludables ha tendido a aumentar, ampliando las desigualdades y tornando inasequible una alimentación saludable a las familias de bajos ingresos.

Desde otros enfoques, también se ha señalado la debilidad de la línea de indigencia para garantizar la seguridad alimentaria (Gasparini, Tornarolli y Gluzmann, 2019). Se advierte pues, que cabría la redefinición de dicha canasta, para estar en línea con los compromisos internos e internacionales sobre el derecho a la alimentación y a las metas de seguimiento de los ODS (Ortale y Santos, 2020a). Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), establecidas en 2019 como el estándar de referencia para el diseño de políticas públicas, deberían orientar su determinación.

Conclusiones, desafíos y el aporte de la ciencia y la tecnología

En los tres niveles analizados se estaba lejos del objetivo del hambre cero para 2030, antes del Covid-19 y de sus efectos. Si ya se afrontaban dificultades de acceso a los alimentos, éstas se agudizan y desplazan a un horizonte más lejano. Probablemente el estado nutricional de los grupos más vulnerables se deteriore más. La pandemia hizo aflorar lazos sociales de cuidados mutuos, redes de solidaridad que están morigerando el impacto del ASPO. Pero esos lazos, y los recursos que a través de ellos se canalizan, son acotados en el tiempo y finitos cuando se expanden las necesidades y los necesitados.

El diagnóstico previo y la perspectiva que se avizora para la pospandemia exigen intervenciones urgentes en los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. En ese sentido se dirigen las otras metas, no desarrolladas aquí, presentes en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 e incluidas en el Plan Argentina contra el Hambre.

Al inicio de ese plan, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT) convocó rápidamente a investigadores y tecnólogos para incorporar sus aportes al mismo. Como se verá, se infiere que tal registro estaba destinado a consolidar una de sus herramientas, cuyo desarrollo fue interrumpido o al menos ralentizado por la pandemia. En la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud convocó a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. para asesorar en la puesta en marcha del plan.

La Tarjeta Alimentaria, primera etapa del plan, extendió la protección social, incrementando los ingresos de los hogares más necesitados y alrededor de este programa fueron convocadas instituciones científicas para evaluar su impacto.

Asimismo, el Plan cuenta con dos entidades abocadas a articular, monitorear y evaluar sus acciones:

1. 1. el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, encargado de lograr acuerdos sectoriales y de articular la gestión estatal con sectores económicos-productivos, sindicatos, organizaciones sociales, religiosas, y de poner en marcha redes de la sociedad civil y de medios de comunicación. Su función es la de promover acciones que mejoren la alimentación y la nutrición de la población elaborando políticas públicas participativas y estrategias de fortalecimiento de las economías regionales. El Consejo tiene por objetivos impulsar la producción de alimentos, el programa Pro-Huerta, la generación de trabajo, ampliar la oferta de productos, un acuerdo de precios, mejorar la calidad nutricional, acercar a productores y consumidores, fortalecer la comensalidad en los hogares, entre los principales. En la segunda reunión del Consejo, el MINCyT propuso incorporar las capacidades del sistema científico y tecnológico para integrar conocimientos y desarrollos tecnológicos y sociales en las acciones comprendidas en el Plan, entre ellas, el acceso y calidad de agua, eje fundamental del mismo.
2. 2. el Observatorio Nacional Argentina Contra el Hambre, constituye el nicho asignado a las universidades y centros de investigación, a cargo del monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan. También se incluyó en este espacio la aplicación de la CyT para mejorar la calidad alimentaria y nutricional de la población y capacitar a promotoras y promotores de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Es importante destacar el papel que la CyT podría desempeñar también en el Consejo, teniendo en cuenta, por ejemplo, los aportes de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET. Esta red, flexible, de alcance nacional y conformada en 2014, ha aglutinado en 39 grupos de trabajo a más de 600 investigadores de CONICET, INTA, INTI, CNEA, y universidades. El conocimiento generado acerca de las cadenas alimentarias y de los riesgos asociados a ellas, permitiría mejorar los procesos de la producción, industrialización, así como el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y contaminaciones a lo largo de las cadenas agroalimentarias, entre otras cuestiones.

Considerando que el plan Argentina Contra el Hambre tiene por finalidad: fortalecer la economía popular, el cooperativismo, la agricultura familiar, y promover por su intermedio los mercados y las redes locales de comercialización, con precios justos, sin intermediarios; otorgar créditos para la compra de herramientas y maquinarias a tasas bajas; el fortalecimiento de comedores escolares y comunitarios; la formación de promotoras y promotores de seguridad alimentaria y nutricional y la educación alimentaria, la CyT puede brindar importantes aportes para el desarrollo de tales procesos y representa un actor fundamental en ambos espacios. Especialmente en este contexto y en el que continúe, dichos procesos reclaman su compromiso y desafían a profundizar la responsabilidad social de la CyT.

El MINCyT, CONICET, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Pcia. de Buenos Aires a través de la Comisión de Investigaciones Científicas y las Universidades Nacionales y provinciales pueden expandir su contribución, con los recursos humanos idóneos, a las acciones del Plan Argentina contra el Hambre, de modo de transitar con firmeza hacia el horizonte 2030.

Referencias

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CEPAL (2019). Panorama Social de América Latina, 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1), Santiago de Chile: CEPAL.

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Gasparini, L., Tornarolli, L. y Gluzmann, P. (2019). El desafío de la pobreza en Argentina. Diagnóstico y perspectivas. Buenos Aires: CEDLAS, CIPPEC, PNUD.

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Notas