Introducción

A partir de comprender el Trabajo Social como una profesión relacionada con el trabajo de cuidado, es decir, una disciplina que surge a raíz de que el Estado decide intervenir mediante políticas sociales, dando respuesta a necesidades vinculadas con la reproducción de la vida y la provisión e incremento del bienestar, nos proponemos describir en el siguiente artículo algunos elementos sobre las condiciones laborales de lxs trabajadorxs sociales en el ejercicio profesional cotidiano^[1].

Dicho interés surge a partir de tener en cuenta que,en general,las ocupaciones orientadas al cuidadopresentan condiciones laborales deficientes, señalan Esquivel y Pereyra (2017). Esto se debe a que tales ocupaciones, como es el caso de las trabajadoras de casas particulares, la enfermería o la docencia, se encuentran altamente feminizadas, dado que el contenido de cuidado en las actividades que llevan adelante suele asociarse a habilidades y criterios propios de la feminidad y, por ende, son desvalorizadas social y económicamente como un trabajo.

Esta última cuestión interactúa con otras variables que caracterizan el funcionamiento del mercado de trabajo argentino como por ejemplo el aumento de la caída de empleo, el crecimiento de la informalidad laboral y la instalación de procesos de flexibilización y precarización, lo que lleva, en ocasiones, a profundizar las desigualdades ya existentes, exponiendo a lxs trabajadorxs a una mayor vulnerabilidad.

En ese sentido, consideramos abordar ciertos elementos que configuran la situación laboral de lxs trabajadorxs sociales para conocer de qué manera estos factores actúan ante las distintas particularidades que atraviesa dicha profesión, en tanto profesión orientada al cuidado, en sus condiciones de venta de la fuerza de trabajo.

Entre los aspectos elegidos a tener en cuenta para el análisis se encuentran la formación académica y el nivel educativo alcanzado por lxs profesionales, el tipo de organismo empleador y su área de desempeño laboral, la modalidad de contratación, la carga laboral asumida, la participación en instancias organizativas profesional-gremiales, entre otros.

Esta indagación utiliza como insumo la publicación de los informes de dos encuestas realizadas por el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires (CATSPBA), tituladas “Condiciones de Trabajo y Ejercicio Profesional de los Trabajadores Sociales” en los años 2011 y 2017, respectivamente; y de la síntesis general del I Foro de debate sobre “Ética en los procesos de intervención profesional del Trabajo Social: De la Disciplina a la Ética” que tuvo lugar enel año 2017.

Las encuestas realizadas por el colegio profesional expresan la inclusión de las condiciones laborales en la agenda institucional y dan cuenta de dos cuestiones centrales: por un lado, la inscripción del Trabajo Social en la división socio-sexual del trabajo; y, por otro, el impacto de las transformaciones del mundo del trabajo en el ejercicio profesional cotidiano.

El primer instrumento que tuvo lugar en el año 2011 relevo 995 casos, a partir de un formulario impreso autosuministrado, de un total de 12189 matriculadxs activxs; mientras que en 2017 se trabajó en un diseño online y fue respondido por 1110 profesionales[2]. En 2011, el 93,5 % de las personas encuestadas se correspondían a profesionales identificadxs con el género femenino y en 2017, el 92,7%.

Este último dato expresa el carácter femenino de nuestra profesión,al mismo tiempo que da cuenta, según Faur (2014), que las actividades de cuidado se perfilan con una clara impronta de género (p. 246), aun cuando salimos del ámbito de las relaciones familiares y analizamos las ocupaciones de cuidado, que se realizan fuera del ámbito del hogar y en forma remunerada.

A continuación, se exponen algunos resultados generales de las encuestas volcados en los informes correspondientes con el objetivo de analizar algunas dimensiones particulares que caracterizan las condiciones de empleo, relacionadas mayormente con los datos laborales y de formación de las personas consultadas.

Trayectorias formativas

Uno de los primeros aspectos a considerar es la formación académica de lxs profesionales del Trabajo Social. Por su parte, el primer instrumento revela que el 76, 2% de lxs encuestadxs se formó en el ámbito universitario; mientras que el 14, 6% lo hizo en institutos de formación terciaria. En 2017 esta tendencia persiste: el 69,6% de lxs profesionales se graduó en instituciones universitarias (públicas o privadas) y el 18,9% en el ámbito superior no universitario.

En este sentido, se puede afirmar que el proceso de profesionalización y el nivel educativo requerido de algunas ocupaciones orientadas al cuidado las coloca en una posición más ventajosa respecto al control que ejercen sobre las condiciones de trabajo y contratación. Cuestión que desfavorece particularmente a otrxstrabajadorxs del cuidado como lxs trabajadorxsdomésticxs o lxs trabajadorxs de organizaciones comunitarias, donde no hay requerimientos específicos sobre el nivel educativo. E incluso a lxs enfermerxs, por ejemplo, quienes son segregadxs del personal de salud por no ser consideradxs profesionales.

Tal como plantea Zibecchi (2014), al igual que Esquivel y Pereyra (2017), la profesionalización constituye un elemento clave para desarticular aquellos estereotipos de género que asocian el cuidado a cualidades innatas en las mujeres, que lo consideran una “extensión natural de su rol materno”, lo cual deriva en su desvalorización. Al mismo tiempo que vehiculiza la posibilidad de reclamar la efectivización de más derechos, generando un impacto material y subjetivo en lxs trabajadorxs y su tarea.

Inserción laboral y calidad del empleo

Las consultas sobre las condiciones del ejercicio profesional en los instrumentos de recolección de datos están centradas en los siguientes aspectos:

Sobre el tipo de organismo empleador, se efectúa un cálculo considerando la totalidad de empleos declarados ya que existe entre lxs encuestadxs una situación de pluriempleo. Este cálculo arroja que en 2011 un 84,2 % se desempeñaba en el ámbito público estatal (nacional, provincial y/o municipal), mientras que un 14,1% lo hacía en el ámbito privado (ONG, obras sociales, empresas, etc.). Esta relación se mantiene estable en 2017 con un 84,8% declarando trabajar en el ámbito estatal y un 14,8% en el ámbito privado.

En relación a la modalidad de contratación se observan amplias y variadas formas. Resulta interesante traer aquí la categorización de empleo que realiza la autora que analiza la encuesta correspondiente al año 2011. Siede (2012) diferencia dos términos, empleo protegido y empleo precario y los define de la siguiente manera:

El empleo protegido es aquel que garantiza la estabilidad laboral y en el cual el trabajador tiene reconocidos sus derechos de seguro social (aportes al sistema de previsión social, obra social, aguinaldo, vacaciones pagas, licencias, asignaciones familiares, etc.). Por otro lado, vamos a nuclear bajo la categoría de empleo precario a toda la variedad de modalidades contractuales que carecen de uno o más de los atributos asignados al empleo protegido. (p. 100)

Esta última categoría comprende, a grandes rasgos, las plantas transitorias, la modalidad de contratos por tiempo definido, la figura de monotributista, las becas y la figura de Ad Honorem, entre otros. Teniendo en cuenta esta clasificación, en 2011 el 49,5% de lxs trabajadorxs sociales contaba con un empleo protegido, es decir, de planta permanente; mientras que el 46,9% estaban empleadxs en condiciones de precariedad. En 2017, utilizando dichas categorías la balanza se inclina un poco más: el 45% dice contar con empleo protegido y un 54,6% manifiesta tener un empleo precario. Aquí la planta transitoria alcanza el doble de los valores que en la primera encuesta (28,7% a 14,8%).

Estas dimensiones ponen de manifiesto varios aspectos, algunos de ellos ya conocidos, como el hecho de que el Estado es el mayor empleador de profesionales del Trabajo Social, el cual contrata aproximadamente seis veces más trabajadorxs sociales que el sector privado. El Estado, a través de las instituciones públicas y sus profesionales, también cuida. Motivo por el cual conforma uno de los cuatro pilares centrales en la provisión de cuidados, el cual interactúa, explica Faur (2017), junto con las familias, las organizaciones comunitarias y el mercadogenerando un abanico de respuestas posibles ante las necesidades de cuidado, diferentes unas de otras.

Inclusive al interior de la oferta pública se generan diversas respuestas si tomamos en cuenta, por ejemplo, el ámbito educativo, de la salud, la legislación laboral, entre otros, lo cual deriva en la fragmentación de múltiples programas y servicios públicos en donde se insertan laboralmente lxs trabajadorxs sociales.

Por su parte, Esquivel y Pereyra (2017) agregan:

En efecto, los estudios sobre el tema coinciden en señalar condiciones de trabajo relativamente más protegidas en el ámbito público. No obstante, las características del sector público no son monolíticas: varían entre países, y dentro de un mismo contexto nacional entre distintos sectores y a lo largo del tiempo. (p. 58)

Tal es así que los datos de las encuestas muestran que más de la mitad de las personas consultadas, quienes mayormente se emplean en el ámbito público, mantienen inserciones laborales precarias. Esto se encuentra relacionado con el proceso de descentralización de la política social, el cual “implicó una transferencia de responsabilidades del nivel público central a las provincias y los municipios sin un correlato en términos de los recursos necesarios para afrontarlos” (Esquivel y Pereyra, 2017, 58). Esto explica que la mayor inserción laboral de lxs profesionales del Trabajo Social se da en la instancia provincial (48,1% en 2011 y 43,4% en 2017) y municipal (24, 4% en 2011 y 27,5% en 2017).

También es importante señalar que, paralelamente al proceso de descentralización, comenzó a cobrar protagonismo en la intervención sobre “lo social” la Sociedad Civil y surge el sector privado,con las figuras de las ONG´s y fundaciones, como prestador de servicios, refieren las autoras. De modo que el ámbito público nacional contrata menos trabajadorxs sociales que los organismos privados: en 2011 los organismos nacionales contrataban el 11,7%, mientras que el sector privado el 14,1%; y en 2017 la instancia nacional empleaba el 13,9% de profesionales y el ámbito privado el 14,8%.

En consecuencia, el Estado tiene un doble papel, no solo es proveedor de servicios de cuidado, sino que también es la institución a cargo de establecer las reglas de juego, de regular la actuación de las esferas restantes que integran la organización social del cuidado (familias, comunidad y mercado), refiere Esquivel (2011). Tal como plantea la CEPAL (2010), el Estado debe ocupar el papel de garante de derechos y reconocer tanto el derecho a cuidar, a no cuidar y a ser cuidado.

Para ello es necesario que la intervención estatal ponga en el centro a las personas que reciben los cuidados, pero también a quienes lo proveen,muchxs de lxs cualesson trabajadorxscon empleos precarios, es decir, sin protección social. Un ejemplo de ello es el caso de lxs profesionales del Trabajo Social quienes, tal como ejemplifican los datos, la mitad de lxs encuestadxs cuentan con empleos precarios. Y si le sumamos que la mayoría son mujeres o se autoperciben como tal, las mismas no cuentan con legislación laboral que contemple la función de cuidados, lo que deriva en una sobrecarga.

De modo que esto requiere, fundamentalmente, de un mayor involucramiento del Estado, no de un Estado subsidiario dedicado a compensar el mercado o que entiende que el cuidado es una prestación para “ayudar” a aquellas mujeres que necesitan o quieren trabajar. Por el contario, es preciso que el Estado, mediante políticas públicas articule un sistema integral de cuidados de calidad al servicio de la población y que principalmente, como refiere Eleonor Faur (2017), permita apuntalar mayores niveles de igualdad social (p. 88).

Retomando las variables analizadas, la consulta por áreas de trabajo dio como resultado que la mayor concentración de empleos se da en el ámbito de educación (24,1%), seguido por salud (15,2%) y justicia (10,7%). Continúa en el cuarto lugar el área de niñez y adolescencia con el 8,3%. De estas áreas de trabajo algunas de ellas están asociadas a un mayor grado de protección laboral, como es el caso de educación y justicia, ya que cuentan con mayor estabilidad y gozan de derechos más amplios y consolidados. Por su parte, Virginia Siede (2012) explica que niñez y adolescencia acompaña a las áreas consideradas tradicionales para la inserción laboral de lxs trabajadorxs sociales (p. 97), y aquí la política social se define a partir de “sujetos” dando prioridad, en este caso, a los más dependientes en términos de cuidados.

Mención aparte merece la carga laboral, dado que se constata una situación de pluriempleo en lxs trabajadorxs sociales. La encuesta de 2011 da como resultado una relación de 995 encuestados que están insertos en 1360 puestos de trabajo, es decir, un promedio de 1,47 empleos por trabajador/x social. Y en 2017 la relación es de 1110 profesionales insertos en 1383 espacios de trabajo, es decir, un promedio de 1,24 empleos por trabajador/x social. Dicho panorama se complejiza aún más si tenemos en cuenta que la mayoría de lxs trabajadorxs sociales son mujeres y que, una vez finalizada la jornada laboral remunerada, deben continuar con las tareas de cuidado en el espacio doméstico.

Como explica Arango Gaviria (2011), en ese contexto y bajo las condiciones socio-laborales descriptas, se realizan los trabajos de cuidado. Mientras se recrudecen los procesos de flexibilización, los bajos salarios, la inestabilidad laboral, se intensifica el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares ante el déficit de la oferta estatal. Basándonos en los aportes de Esquivel (2011), para el caso particular de lxs profesionales del Trabajo Social, esto da como resultado una exacerbación de las inequidades de género. Ya que, al analizar las políticas de cuidado en su diseño y aplicación, arrojan una disparidad en la distribución del trabajo de cuidados y el trabajo remunerado.

Esta última cuestión se profundizó con la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento y distanciamiento social adoptadas por los gobiernos. Donde el peso de las tareas domésticas, el teletrabajo y las actividades educativas recayeron en los hogares y, hacia el interior de estos, principalmente sobre las mujeres. Lo cual arrojó como resultado, una sobrecarga de las mujeres en las tareas de cuidado, quienes debieron afrontar dobles o triples jornadas de trabajo.

Organización de las/os profesionales del Trabajo Social

Los datos relativos a la participación en espacios organizativos a nivel profesional (colegios distritales) y gremial muestran que, por un lado, la mayoría no se encuentra afiliadx a ningún gremio o sindicato, solo el 38, 9% refiere estarlo, de los cuales solo el 11% participa con frecuencia. Estos datos son de la primera encuesta, ya que el informe de análisis del segundo instrumento no tiene datos sobre sindicalización.

Respecto a la participación en los colegios profesionales, la mayoría de lxs encuestadxs se encuentran matriculadxs, lo que puede estar relacionado con su obligatoriedad para el ejercicio profesional, pero su participación se da con relativa a poca frecuencia o directamente manifiestan no participar, arrojando un valor de 72,2%.

Este panorama general de la agremiación y participación en los organismos colegiados puede otorgar algunas pistas del porqué de las características del posicionamiento laboral que tiene el Trabajo Social como profesión, ya que la salida para enfrentar la precariedad es la organización.Dicho esto, no debemos perder de vista que los índices de precariedad laboral suelen desalentar la sindicalización, al mismo tiempo que muchxstrabajadorxs sociales se desempeñan en el ámbito estatal municipal y en estos espacios la persecución laboral es bastante mayor en comparación con otros sectores.

A su vez, es conocido que la desigualdad de género también afecta la participación sindical y la organización profesional, ya que las condiciones de acceso y militancia resultan desfavorables a las mujeres, a pesar de que las mismas hayan logrado ingresar al mercado laboral. De modo que resulta pertinente preguntarse si la baja participación que refleja la encuesta está relacionada con el hecho de que la mayoría de lxs profesionales consultadxs son mujeres.

Desafíos en el ejercicio profesional

En función de las transformaciones que tienen lugar en el mundo del trabajo en la sociedad argentina, la particularidad de las políticas sociales y la inserción laboral de lxstrabajadorxs sociales, caracterizada por la precarización, la inestabilidad y el pluriempleo, surgen al interior del colectivo algunos debates sobre el ejercicio profesional y la calidad del mismo. Así lo expresa el primer foro de debate sobre ética que tuvo lugar en Necochea en mayo de 2017:

Las posturas se contraponen entre la preocupación por reproducir lógicas de control en contraposición a lógicas que promuevan la autonomía de las personas, con sentimientos de desasosiego ante la percepción de convertir la práctica profesional en gestión de la pobreza. (CATSPBA, 2018, 16).

En ese sentido consideramos que constituye un desafío poder pensar, a partir de la evaluación y el cuestionamiento de las condiciones laborales, los sentidos que le asignamos al quehacer cotidiano; para luego desarrollar estrategias colectivas que aporten a elaborar las contradicciones planteadas, por un lado, y contribuyan a mejorar tanto la condición salarial de lxs profesionales como los servicios que se prestan, por otro.

Cobran relevancia aquí las acciones que se proponen como resultado del intercambio en el foro de debate para repensar nuestras prácticas. Una de ellas es la necesidad de formación y la actualización profesional permanente; la participación sindical y en organizaciones profesionales; la integración de mesas de gestión comunitarias con múltiples actores sociales; entre otras.

Estas estrategias colectivas deben formar parte de un proyecto más amplio que:

visibilice la estrecha vinculación del Trabajo Social y los mandatos de género, lo cual desvaloriza y desjerarquiza nuestra profesión. Históricamente se catalogó a las actividades relacionadas con la reproducción de la vida y el cuidado como una “cuestión femenina” por ende, no reconocidas como un trabajo, de modo tal que, como plantea Ramacciotti y Zangaro (2019), se considera que no merecen los derechos y garantías como cualquier otra actividad laboral;

-reconozca la centralidad de los cuidados en la vida de las personas y la sociedad, nadie puede sobrevivir sin ser cuidadx, y contribuya, como lo hace la economía del cuidado (Esquivel, 2011), a instalar el cuidado como un problema de política pública;

-y, por último, que considere, tal como explica Fraser (2016), que el déficit de cuidados que experimentamos hoy, es decir, la falta de inversión pública en la reproducción social está profundamente arraigada a la estructura de nuestro orden social capitalista y deben ser transformados.

Referencias

Arango Gaviria, L. G. (2011) El trabajo de cuidado: ¿servidumbre, profesión o ingeniería emocional? En L.G. Arango Gaviria y P. Molinier (comp.) El trabajo y la ética del cuidado (pp. 91-109). Bogotá: La Carreta Social.

Cademartori, F. (2014) Informe de avance: organización del trabajo, formación profesional y pluriempleo en trabajadores sociales de provincia de Buenos Aires. La Plata: Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.

CATSPBA (2018) Atravesamientos ético-políticos en los espacios socio-ocupacionales del Trabajo Social. La Plata: Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.

CEPAL (2010) El cuidado y sus fronteras disciplinarias, en N. Bidegain y C. Calderón (Comp.) Los cuidados en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2007-2018 (pp. 22-27), Santiago de Chile: ONU.

Esquivel, V. (2011) La economía del cuidado en América latina. Poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. Panamá: PNUD.

Esquivel, V. y Pereyra, F. (2017) Las condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en Argentina. Reflexiones en base al análisis de tres ocupaciones seleccionadas. Trabajo y Sociedad, Vol. 28, 55-82.

Faur, E. (2014) El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

---------- (2017) ¿Cuidar o educar? Hacia una pedagogía del cuidado, en Redondo, Patricia y Antelo, Estanislao (ed.) Encrucijadas entre cuidar y educar. Debates y experiencias. Buenos Aires: Homo Sapiens editorial.

Fraser, N. (2016) Las contradicciones del capital y los cuidados. New LeftReview 100, (S/D) 111-132.

Mesa Ejecutiva - CATSPBA (2018) Condiciones del ejercicio profesional del Trabajo Social: tendencias en la Provincia de Buenos Aires. La Plata: Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.

Ramacciotti, K. y Zangaro, M. (2019) Presentación, en Guerrero, Nelba, Ramacciotti, Karina y Zangaro, Marcela (Comp.) Los derroteros del cuidado (pp. 7-17). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Siede, V. (2012). Las condiciones de empleo de los trabajadores sociales en la Provincia de Buenos Aires. En M. V.Siede (Comp.) Trabajo Social y mundo del trabajo: Reivindicaciones laborales y condiciones de la intervención (pp. 87-112). La Plata: Productora Del Boulevard.

Zibecchi, C. (2014). Cuidadoras del ámbito comunitario: entre las expectativas de profesionalización y el ‘altruismo’. Revista de Ciencias Sociales Iconos, (50), 129-145.

Notas