Documentos que dejó la dictadura
Una vista desde el Archivo del Bachillerato de Bellas Artes
DOI:
https://doi.org/10.24215/18536212e138Palabras clave:
dictadura cívico-militar, intervención universitaria, normalidad autoritaria, memoria histórica, archivo institucionalResumen
La última dictadura argentina intervino las Universidades e implementó políticas específicas en las escuelas: eran espacios donde detectar “subversivos”, y quienes continuaban debían ajustarse a nuevas formas disciplinarias, modos de convivencia y una lectura de lo que sucedía en el país. Mucho de lo dispuesto por autoridades educativas del Bachillerato de Bellas Artes quedó registrado en normativas, disposiciones y otros documentos que funcionaron como instrumentos de persecución y opresión. Actualmente Archivo BBA realiza con ellos un trabajo de sistematización y análisis, y en este artículo expone una selección para observar cómo fue la “normalidad autoritaria” que moldeó la cotidianidad escolar.
En noviembre de 1980, estudiantes de quinto año del Bachillerato de Bellas Artes salieron de excursión. Lugar: Museo Histórico Militar de Lucha contra la Subversión “Mayor Don Juan Carlos Leonetti”. Ubicación: Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. La invitación realizada por un Comando Ejército Argentino (Institutos Militares) había llegado a través del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que encomendó la tarea al Bachillerato. Realizada la visita, el docente a cargo escribió una nota, y los alumnos, un trabajo práctico.
De alguna forma y por obra de alguien, esa documentación se preservó y fue redescubierta más de cuarenta años después, en 2023, por personal del Departamento de Archivo “Archivo BBA”1, que la encontró guardada dentro de un deteriorado sobre de papel madera sin rótulo, en un mueble junto a otros documentos con los que no guardaba relación.
Desde la vuelta de la democracia se produjo (y continúa produciéndose) un importante material documental y de análisis que da cuenta del orden del terror instaurado por la última dictadura militar y las bandas paramilitares del gobierno constitucional anterior2. En ese sentido, a nivel institucional -y en relación con los archivos- en 2015 la UNLP dispuso por Resolución Nº 260, la guarda permanente de los documentos producidos o recibidos por la institución entre 1955 y 1986 “por considerarlos aportes centrales para la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país” (art. 1). A su vez, en la Resolución 259 del mismo año determinó que se realice “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido y/o asesinado, en los legajos de los docentes, nodocentes, graduados y estudiantes de la UNLP” para “dejar constancia [...] de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de todos aquellos que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar” (art. 1). El Bachillerato hizo lo propio en 2024 y finalizó su labor con un acto de homenaje y entrega de los legajos reparados.
Hoy, a 50 años del golpe, comenzaron a reabrirse las preguntas que salieron de aquel sobre de papel madera. Las específicas sobre los “museos” ameritarían un trabajo aparte. Las más vinculadas al quehacer archivístico motivaron la propuesta de generar una colección (contextualizada y descripta) que aporte al análisis de la relación escuela-dictadura como dispositivo pedagógico que, además de perseguir y denunciar “subversivos”, buscó disciplinar cuerpos, tiempos y sentidos. ¿Cómo fue esa “normalidad autoritaria” para quienes continuaron asistiendo al Bachillerato? Y observando desde el archivo ¿cuánto de eso es rastreable en normativas, disposiciones y reglamentos producidos durante la Intervención (1976-1983)?
Con eso en mente, comenzó el trabajo de búsqueda de la documentación que hubiera sobrevivido a los expurgos realizados poco antes de la restauración democrática cuando se intentó borrar toda prueba de lo actuado (también en el Bachillerato). Este texto no es más que la presentación de algunos de esos documentos desarchivados y puestos en contexto.
Una vista desde el archivo
Quizás el principal hallazgo de esta búsqueda3 sea el silencio. Si bien Archivo BBA guarda un interesante volumen de documentos del período 1976-1983, en la mayoría no se observan marcas evidentes de que la escuela haya atravesado la historia que -hoy sabemos- atravesó. Una vez organizados cronológicamente los documentos aparece la fragmentariedad. Los huecos funcionan como elementos visibles de lo que alguna vez estuvo y ya no (y que permite sospechar que pudo haber más): disposiciones que aprueban reglamentos escolares que no están; versiones corregidas con tachaduras y anotaciones y capítulos sueltos del posible “nuevo” Plan de estudios 1977 (que nunca funcionó plenamente); libros de actas descontinuados de reuniones departamentales e incluso hojas sueltas arrancadas de algún libro que tampoco se encuentra; una sola memoria anual, la de 1979, entre otros. También hay cosas que “volvieron” algunos años después de aquellos expurgos, como el libro de lectura obligatoria en las escuelas, editado por el Ejército Argentino4, que hace pocos años fue donado por la Biblioteca del Liceo Víctor Mercante y reincorporado por la del Bachillerato a modo de recuperación histórica, o el misterioso sobre de papel madera con documentos de la visita a los museos que un día “apareció” en un estante.
La Intervención legalizada
Entre los documentos seleccionados, destaca el fundacional de la Intervención en la UNLP: una copia de la Ley 21.276 de “Prioridad para la normalización de las Universidades Nacionales”. Su sanción a pocos días del golpe y su publicación un mes después muestran -por su urgencia- la importancia que tuvieron para el Proceso de Reorganización Nacional las universidades. En su nueva articulación, derogó y/o modificó la mayoría de los artículos de la anterior (Ley 20.654). Terminó con la autonomía universitaria y dispuso que el gobierno y la administración de las casas de altos estudios fueran ejercidos por el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura y Educación. Designó interventores militares, rectores, decanos y directivos de escuelas de pregrado, y mutiló las atribuciones de la Asamblea Universitaria (Poder Ejecutivo Nacional, 1976).
Prohibió en toda la universidad “el proselitismo político o partidario o de ideas contrarias al sistema democrático que es propio de nuestra organización nacional” (art. 5) y, para reforzar la idea, remarcó la prohibición de “toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial docente, estudiantil y no-docente” (art. 7).
Para el ejercicio de la docencia, suprimió la condición previa de ser ciudadano y tener título universitario, reemplazándola por los imprecisos requisitos de “idoneidad” docente y científica, “integridad moral” y “observar” las leyes “fundamentales de la Nación” (art. 8).
Entre otras cosas, reemplazó el ingreso de personal por concurso por la designación directa (decidida por el Ministerio); eliminó la participación estudiantil en los debates sobre las decisiones; borró todo funcionamiento democrático y derogó el artículo que reconocía el grado académico y la antigüedad de los profesores que habían sido cesanteados por motivos políticos y gremiales durante de la “Revolución Libertadora” (dictadura de 1955).
En el artículo que determinaba las incompatibilidades con el ejercicio de la docencia eliminó el cumplimiento de funciones en empresas multinacionales, extranjeras u organismos cuyos intereses fueran contrarios a los de la Nación y lo reemplazó por “Es incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que le sean correlativas, todas aquellas actividades [sic] que se aparten del propósito y objetivos básicos fijados para el proceso de reorganización nacional” (art. 11).
Y, como era de suponer, eliminó por completo la extensión universitaria, cualquier vínculo crítico con la sociedad, propuestas transformadoras de la realidad o de integración regional presentes en la anterior. Así, la función de la UNLP se limitó a “asegurar la formación y capacitación integrales de profesionales y técnicos y promoción de la investigación científica y tecnológica de conformidad con los requerimientos del desarrollo cultural, social y económico de la Nación” (art. 2).
El Proyecto Nacional
En septiembre de 1976, el presidente de facto, teniente general Jorge Rafael Videla, dando lugar a los sectores más duros del Ejército, creó el Ministerio de Planeamiento por Ley 21.431. A su cargo estuvo el general Ramón Genaro Díaz Bessone. Su misión autoasignada fue trazar un rumbo de desarrollo para los próximos 25 años del país, un plan político a largo plazo para renovar la legitimidad de origen de la dictadura. Al año siguiente, Díaz Bessone presentó su “Proyecto Nacional” donde consideraba que el Estado debía ser el inicio y fin del “bien común” y que cualquier interés particular debía estar subordinado al nacional. Con un modelo económico estatista-neodesarrollista, encaró la faraónica tarea de una planificación estratégica sobre toda la producción y la vida institucional del país. Para eso, desde su Ministerio propició la articulación con universidades, instituciones y organizaciones de todo el territorio (Borrelli, 2016).
Entre los materiales que guarda Archivo BBA, se encuentra el documento que plasma la adhesión de la UNLP y da aviso a todas las dependencias de la decisión. Es la Resolución de Presidencia N° 591 con la que se respondió al pedido del Ministerio de Planeamiento designando cinco decanos para conformar una comisión universitaria que participe en la elaboración del Proyecto Nacional: “esta Casa de Altos Estudios, como parte activa de la vida nacional, no puede ni debe estar ajena a toda iniciativa que, como la encarada por el Ministerio de Planeamiento, reviste suma trascendencia por sus objetivos…” (1977, p. 1)
Pese a sus esfuerzos, el proyecto de Díaz Bessone chocó de frente con el plan liberal del ministro de Economía, José Martínez de Hoz y sus políticas de apertura económica, desregulación y desarrollo financiero. Producto de la interna en las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Planeamiento fue disuelto en 1978 a un año de su creación, y una vez caído el “Proyecto Nacional”, la dictadura quedó sin relato de desarrollo que vaya más allá de la “lucha antisubversiva” (Borrelli, 2016).
Sin embargo, en todas las universidades se mantuvo la misma línea de disciplina, control ideológico, reducción de la matrícula y sesgo profesionalista sobre el pensamiento crítico, propios de aquel proyecto, como también la censura y la prohibición de participación política previamente plasmadas en la Ley refundacional. Como sostiene la CPM en su texto “Vigilar la escuela”, el Ministerio fue central para establecer “dispositivos de supervisión ideológica en las instituciones públicas del país, que tramitaron las autoridades educativas nacionales y provinciales. Así, las estructuras educativas desempolvaron, actualizaron y extremaron códigos y normas de disciplina y restablecieron relaciones y estructuras jerárquicas…” (Comisión Provincial por la Memoria., 2020).
Bandera de ceremonias
En la celebración por el día de la Bandera de 1978, el Bachillerato recibió una donación: el Instituto Geográfico Militar -que luego sería nombrado padrino de la escuela- le otorgó una bandera de ceremonias. En el acto estuvieron presentes autoridades locales del gobierno de facto e interventores de la universidad. En su discurso, la directora interventora, prof. Elena Makaruk, saludó a “los representantes militares presentes” y agradeció “especialmente” al general de brigada Luis Horacio Pagliere (Makaruk, 1978), que también tomó la palabra. El presbítero José María Montes en el escenario bendijo la bandera.
A esos actos escolares no solo iban estudiantes y docentes. Las autoridades políticas, militares y eclesiásticas de la ciudad y la provincia recibían invitaciones formales de la institución por carta o tarjetas especiales, mientras que los diarios locales difundían la invitación pública y luego escribían crónicas con la cobertura de los eventos. De todo ello quedó registro en la serie documental “Actividades Extraprogramáticas”.5
Ese mismo año, en el acto por el aniversario del 9 de Julio (realizado el día sábado 8, según consta en la misma serie documental), el jefe de disciplina, Juan José Anaris, finalizó su discurso dirigido a los alumnos y la comunidad así: “Pidámosle finalmente a Dios, como hizo nuestro presidente, que nos conceda: sabiduría para discernir el mejor camino, firmeza, para no abandonar el rumbo correcto; prudencia para ser justos con nuestros semejantes; humildad, para servir sin ser servidos.” (1978, p. 93) El presidente al que citaba palabra por palabra era nada menos que Videla, y la frase fue el cierre de su discurso de asunción junto a la proclama militar con los comunicados conjuntos de las tres fuerzas que gobernaban de facto el país, encabezadas por él, Emilio Massera y Orlando Agosti.
La Conquista del Desierto
A decir de Vassiliades (2008), en este período las escuelas tenían que ser lugares de formación de una “clara conciencia nacional, de difusión de un estilo de vida ‘occidental y cristiano’ y de promoción de las obligaciones de todo argentino en relación a la ‘defensa de la soberanía’ y la ‘seguridad nacional’” (p. 149). Para eso, una estrategia muy común fue la organización de certámenes escolares y concursos en los que recuperaban figuras militares de la historia. La del general Julio Argentino Roca fue la más repetida.
En el Bachillerato, los libros de actas departamentales (Bachillerato de Bellas Artes UNLP, 1979) sentaron por escrito los temas tratados en reuniones convocadas por los jefes de los departamentos docentes donde ‘bajaban’ los lineamientos de la dirección y se producían intercambios y toma de decisiones. En ellos se reitera periódicamente la importancia de la asistencia y la puntualidad -tanto para estudiantes como docentes-; la pulcritud y el cuidado de las formas al vestir -en uno de ellos incluso se decide el uso del color azul-; y la determinación para todos los casos de la observación de clases por parte de directivos y jefes de departamento, muchas veces indicando la periodicidad y el uso de planillas para registrar la observación.
En una de las actas de 1979 correspondiente al departamento “Ciencias del Hombre” se registró la propuesta de participar de las actividades por el “Centenario de la Conquista del Desierto” con trabajos conmemorativos a realizar por estudiantes de 1° y 5° año. Según consta en el acta, el intercambio en torno a la propuesta se prolongó por horas.
La iniciativa no fue casual. Ese mismo año, el gobierno militar había sancionado la Ley 21.802 que disponía legal y operativamente la celebración del “Centenario de la Campaña del Desierto”, una conmemoración pensada para establecer un puente entre el Ejército de Roca y las Fuerzas Armadas de la actualidad. La disposición nacional declaró feriado el día 11 de junio e impuso el cese de actividades civiles y comerciales para garantizar la asistencia masiva a los actos centrales. También determinó un presupuesto para sus fines: organizó desfiles militares centralizados, acuñó monedas con diseños conmemorativos e imprimió estampillas oficiales; pautó spots para televisión y suplementos en diarios donde se definía la campaña de Roca de 1879 como “origen de la patria moderna” retomada en ese puente simbólico cien años después por la Junta Militar -“salvaguarda y organización nacional” ante las “nuevas amenazas” internas- (Vassiliades, 2006).
No hay registro en el archivo de cuánto de eso se expresó en el Bachillerato, solo el acta de la propuesta y otra donde consta la participación con la misma temática en un programa radial. En palabras de Vassiliades (2008), estas adaptaciones de la ley a las escuelas a través del Ministerio de Educación propiciaban una mirada sesgada y positiva del genocidio contra pueblos originarios, ensalzando figuras militares y promoviendo una “mirada armónica, lineal, no conflictiva y pretendidamente ‘objetiva’ y ‘nacional’” (p. 151) de los hechos, para reforzar sentimientos de “amor a la patria” a partir de presentar los acontecimientos como fundantes de la nación.
Excursión a Campo de Mayo
Los “museos de lucha contra la subversión” fueron un dispositivo sistemático del que hasta la fecha se reconstruyó la existencia de cuatro en distintos puntos del país, todos instalados en predios donde -en simultáneo- funcionaban centros clandestinos de detención y tortura de personas: Tucumán (Jefatura de policía de San Miguel), Córdoba (La Perla), CABA (Regimiento I de Patricios) y provincia de Buenos Aires (Campo de Mayo).
En sus vitrinas exhibían armas incautadas a la guerrilla, equipos de radiofonía, banderas de organizaciones, mimeógrafos, panfletos, revistas y publicaciones partidarias, como también objetos (mates, ollas, carteras), libros como los que podían encontrarse en cualquier casa, discos de música de la época -muchos de ellos prohibidos- y electrodomésticos robados en operativos de las casas donde vivían las personas secuestradas. El tinte más macabro lo daba la instalación de maniquíes vestidos “como subversivos” -por estereotipo o por algo que no sabían sus visitantes: que sus ropas podían haber pertenecido a quienes metros adentro del predio estaban sufriendo la tortura en su condición de “desaparecidos”- (Sirimarco, 2020).
Esos espacios de exhibición, estandartes de la teoría de los dos demonios, fueron pensados para un público cercano a la familia de las fuerzas, para la prensa amiga del régimen y particularmente, para estudiantes y personal de escuelas secundarias, terciarias y universidades.
Campo de Mayo fue el núcleo de la coordinación represiva del país. Tal como se corroboró gracias a los testimonios de las víctimas de terrorismo de estado antes, durante y después del juicio a las juntas, tuvo en su ocho mil hectáreas, al menos cuatro centros clandestinos de detención y tortura de personas, una maternidad que funcionó como lugar para la apropiación de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres, y una pista de donde despegaban “vuelos de la muerte”, aquel método de exterminio que utilizó la dictadura que consistía en arrojar al río o al mar a personas detenidas desaparecidas -generalmente en estado de sedación- para asesinarlas y eliminar pruebas de los delitos cometidos contra ellas. En ese mismo predio se levantó el Museo Histórico Militar de Lucha contra la Subversión que fue inaugurado en 1978 bajo el nombre de “Mayor Don Juan Carlos Leonetti” en homenaje al jefe del operativo del grupo de tareas que en 1976 había emboscado a la cúpula del ERP en Villa Martelli y herido de muerte a Roberto Santucho y Benito Urteaga, porque en aquel tiroteo, el capitán Juan Carlos Leonetti -póstumamente ascendido a mayor- también murió.
Este museo exponía los mismos materiales que los otros, pero tenía además una sala especial que exhibía todo lo robado del departamento de Santucho: ropas, documentación falsa, cartas, pelucas, bigotes postizos, hasta su título de contador público y perito partidor expedido por la Universidad de Tucumán. Además, habían construido en él, abajo de la losa, la réplica de una “cárcel del pueblo”, como las que usaba la guerrilla (Sirimarco, 2023).
El documento compuesto que guarda Archivo BBA, “Visita al Museo de Lucha contra la Subversión” (Bachillerato de Bellas Artes UNLP, 1980) reúne notas, actas, memos y actuaciones de intercambios entre el Instituto Militar, autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, autoridades de la UNLP y del Bachillerato de Bellas Artes en torno a la visita de un grupo de estudiantes al espacio. La iniciativa surgió de una nota reenviada a la Universidad, escrita por el entonces comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, Cristino Nicolaides, dirigida al Ministerio para que gestionara las facilidades que permitieran la visita de directivos, personal, docentes y estudiantes de todas las instituciones educativas secundarias, institutos terciarios y universidades. Tanto la UNLP como el Bachillerato a través de varias de sus autoridades, continuaron el intercambio dejando registro documental hasta de la puesta a disposición de un micro de Rectorado, la indicación específica a un docente y un grupo de estudiantes en particular, y el pedido de una posterior evaluación.
Finalizado el intercambio (que se prolongó entre agosto y octubre) y realizada la excursión, el docente a cargo entregó en diciembre una elogiosa devolución con la recomendación de seguir realizando esas “visitas pedagógicas” y adjuntó el trabajo práctico de sus alumnos.
Terminada la dictadura, los museos fueron ocultados o desmantelados, y pese al testimonio periodístico de la época y las personas que recorrieron el lugar, en el juicio a las juntas (1985), Videla negó que hubieran existido. Años después, en los Juicios por la Verdad (1998), el ex-suboficial Víctor Ibáñez declaró que en la inauguración del de Campo de Mayo, en una ceremonia reservada a un selecto grupo de militares y su entorno, sentado en una silla dentro de la réplica de la “cárcel del pueblo” habían ubicado el cadáver conservado de Santucho vestido con la misma ropa ensangrentada que llevaba puesta al morir. Esto no pudo ser probado en el juicio, pero la gravedad del testimonio obligó al general Martín Balza a reconocer la existencia del museo y a entregar el inventario completo a la familia (Sirimarco, 2023). Una de las hijas, Ana Cristina Santucho, recibió además de la lista, un cuadro de marco dorado y fondo rojo que exhibía la foto de su padre “con el rostro destrozado por sendos impactos de bala, un ojo entreabierto y vestido con una camisa blanca y un saco a medio colocar” (La Voz del Interior, 1999), y por abajo, con la tipografía del museo y letras mayúsculas, la leyenda “CADÁVER DE ROBERTO M. SANTUCHO. ERP, 19 JUL 1976”.
Las pericias no pudieron determinar si la foto fue tomada antes o después de su muerte. Santucho continúa desaparecido.
Los documentos que desde 2023 recuperó Archivo BBA sobre esta visita certifican no sólo la participación del Bachillerato y la UNLP con su asistencia, sino también la política aplicada en cada nota con firma y sello de autoridades desde los sectores del Ejército y el Ministerio de Cultura y Educación hacia las y los estudiantes, como también el discurso oficial expresado en las 13 páginas del trabajo práctico entregado por ellos (que en sí mismo ameritaría un trabajo de análisis específico).
A modo de cierre
Las Fuerzas Armadas se reservaban la dirección del proyecto de restauración,
que suponía la combinación de aspectos netamente represivos con otros “productivos”, y ambos tuvieron efectos en las experiencias de diferentes
grupos de jóvenes varones y mujeres: desde las más trágicas
-plasmadas en secuestros y desapariciones de militantes activistas-
hasta el incremento de la vigilancia en escuelas, universidades y calles,
y los intentos de crear las condiciones para una nueva juventud.
(Manzano, 2025, p. 168)
Lo expuesto hasta acá es apenas una breve selección de las fuentes primarias que guarda Archivo BBA. Algunos documentos -como la modificación de la ley que regulaba las universidades o el que registra la visita a Campo de Mayo (documento restituido a la institución años más tarde de una forma que desconocemos)- no necesitan explicación y muestran de manera directa la presencia de la Intervención en la Universidad y en el Bachillerato. Por otra parte, los silencios, aquellos espacios vacíos que dejó la documentación faltante, sugieren la existencia de un corpus mucho más vasto, eliminado antes de finalizar la dictadura. Sin embargo, entre los que aún se conservan y que a primera vista parecieran inocuos, basta hacer foco sobre expresiones como “Proyecto Nacional” o “Campaña del desierto” para que cobren otra dimensión.
Pese a los expurgos, entonces, aún puede entreverse mucho de la “normalidad autoritaria” en la escuela, para constatar que el terrorismo de Estado no solo ejerció violencia física, desapariciones y clandestinidad, sino que además articuló una rigurosa política de disciplinamiento, como mínimo desde las disposiciones, la pedagogía, la cotidianidad y los actos institucionales públicos en la escuela. Buena parte de su trama burocrática, administrativa y académica es visible en estos documentos que muestran, además, el vínculo y respaldo que la Universidad y sectores de la sociedad civil dieron al régimen.
Así, el valor del archivo institucional se refuerza como prueba empírica de hechos que fueron negados, borrados o que intentaron ser ocultados. Y, sobre todo recobra especial valor frente a los discursos oficiales de hoy que reavivan la teoría de los dos demonios y -reivindicando abiertamente el genocidio- pugnan por eliminar derechos conquistados mientras criminalizan la protesta social.
Recuperar documentos, contextualizarlos, describirlos y facilitar su circulación no es solo la construcción de una herramienta pedagógica o un trabajo de resguardo de memoria, es también un aporte para la lucha contra el negacionismo y la disputa de sentido sobre la lectura del pasado y el ejercicio del presente.
“Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como retumba en el instante de un peligro” (Benjamin, 2019, p. 309).
NOTAS
- El Departamento de Archivo “Archivo BBA” se creó por disposición 176/20 con el objetivo de reunir, organizar, conservar y difundir el fondo documental del Bachillerato de acuerdo con la política archivística de la UNLP trazada en diversa normativa. Como archivo de una institución educativa, se propone favorecer el conocimiento de la historia y memorias escolares a partir de su acervo desde los espacios de enseñanza, investigación y extensión, adoptando políticas institucionales de acceso abierto.
- En 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón firmó los “Decretos de aniquilamiento”, un conjunto de normas que puso a las instituciones del país bajo la “doctrina de contrainsurgencia” de las Fuerzas Armadas. El brazo armado del Estado del gobierno constitucional quedó a cargo de la seguridad interna con la orden de “aniquilar el accionar subversivo” en todo el territorio del país. Se instauró el terror estatal y paraestatal bajo un paraguas legal que sería usado luego de forma sistemática a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
- En esta primera instancia, la búsqueda, lectura y puesta en valor del material se centró solo en los documentos que guarda el archivo del Bachillerato, de los cuales aquí se exhibe una pequeña selección. En posteriores etapas, para la elaboración de la colección que será publicada oportunamente, el trabajo continuará la búsqueda en el Archivo Histórico de Presidencia de la UNLP y archivos de otras escuelas de pregrado, siempre que los documentos guarden relación con el Bachillerato.
- Ejército Argentino (1979). Tucumán, Argentina: cuna de la Independencia, 1816-1977, sepulcro de la subversión, 1975-1977. Ejército Argentino.
- “Actividades Extraprogramáticas” es una serie conformada por nueve cuadernos que produjo la Secretaría Administrativa del Bachillerato. Cada uno de ellos es un documento compuesto que contiene unidades documentales simples de distinto tipo ligadas a la memoria del colegio: recortes de artículos de prensa; programas de exposiciones y audiciones estudiantiles; copias de dibujos realizados por alumnos; fotos de actos, visitas institucionales, cenas, festejos, exhibiciones de artes plásticas, audiciones y conciertos; discursos transcriptos de docentes y autoridades en actos escolares; cartas y tarjetas de agradecimiento recibidas, y tarjetas y notas de invitaciones enviadas por la institución, etc. El primero de ellos es de 1976; con el correr de los años, esa tarea se fue discontinuando hasta que dejó de hacerse luego de 1998. Los documentos reunidos durante el período que duró la intervención dan cuenta del paralelo entre las actividades académicas y la realidad que entonces vivía el país, y permiten hacer un paneo de la perspectiva institucional, académica y pedagógica de las autoridades afines a la dictadura.
Declaración de uso de inteligencia artificial generativa
No se utilizaron herramientas de IAG durante ninguna de las etapas de producción del artículo.
Fuentes primarias
Anaris, J. J. (8 de julio de 1978). Mecanografiado [Discurso pronunciado por el Jefe de Disciplina Juan José Anaris]. ID 506. Serie Actividades Extraprogramáticas. Sección Secretaría Administrativa. Fondo “Archivo BBA”, Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
Bachillerato de Bellas Artes UNLP (1980). Documento compuesto [Visita al Museo de Lucha contra la Subversión]. ID 195. Sección histórica. Fondo “Archivo BBA”, Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
Bachillerato de Bellas Artes UNLP. (1978). Fotografía [Acto Día de la Bandera]. ID 506. Serie Actividades Extraprogramáticas. Sección Secretaría Administrativa. Fondo “Archivo BBA”, Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
Bachillerato de Bellas Artes UNLP. (28 de marzo de 1979). Manuscrito [Acta de reunión del departamento “Ciencias del Hombre”]. ID 488. Serie Actas de departamentos docentes. Sección Académica. Fondo “Archivo BBA”, Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
Congreso de la Nación Argentina. (14 de marzo de 1974). Ley N° 20.654: Régimen institucional de las universidades nacionales. Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-195302
Makaruk, E. (19 de junio de 1978) Mecanografiado [Discurso pronunciado por la Directora del Bachillerato de Bellas Artes, Elena Makaruk]. ID 506. Serie Actividades Extraprogramáticas. Sección Secretaría Administrativa. Fondo “Archivo BBA”, Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
Poder Ejecutivo Nacional. (25 de marzo de 1976). Ley Nº 21.276: Normas para las Universidades Nacionales ["Prioridad para la normalización de las Universidades Nacionales"]. ID 300. Serie Reglamentos. Sección Secretaría administrativa. Fondo "Archivo BBA", Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. (1977). Nota [Resolución sobre comisión para participar en el Proyecto Nacional del Ministerio de Planeamiento]. Serie Resoluciones. Sección Secretaría Administrativa. Fondo “Archivo BBA”, Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
Universidad Nacional de La Plata. (2015). Resolución Nº 259/15. La inscripción de la condición de detenido-desaparecido y/o asesinado, en los legajos de los docentes, nodocentes, graduados y estudiantes de la UNLP. SEDICI. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/125570
Universidad Nacional de La Plata. (2015). Resolución Nº 260/15. Guarda de los
documentos producidos o recibidos por la UNLP entre 1955 y 1986. Archivo BBA.
Referencias
Notas
Referencias
Benjamin, W. (2019). Iluminaciones. Taurus.
Borrelli, M. (2016). La Dictadura, ¿desarrollista? Clarín y el «Proyecto Nacional» de Díaz Bessone (1976-1977). Improntas de la Historia y la Comunicación, 2, 34-60. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/58001
Comisión Provincial por la Memoria. (2020). Vigilar la escuela. CPM.
La Voz del Interior. (28 de octubre de 1999). Entregaron efectos del ex líder guerrillero Santucho a sus familiares. Intervoz. https://buscador.lavoz.com.ar/intervoz/99/10/28/pl_n16.htm
Manzano, V. (2025). Historia de la juventud en la Argentina de los siglos XX y XXI. Siglo XXI Editores.
Sirimarco, M. (2020). Las cosas que recuperamos en combate. Exhibición de trofeos de guerra en la Córdoba de la subversión. Corpus, 10(1). https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.3446
Sirimarco, M. (2023). Santucho en el Museo (de Campo de Mayo, Argentina). Revista del Museo de Antropología, 16(3), 123-136. https://doi.org/10.31048/1852.4826.v16.n2.41752
Vassiliades, A. (2006). Enseñar durante la última dictadura militar en la provincia de Buenos Aires: acerca de nuevos (y perdurables) sentidos para la escuela y los docentes. Anuario de Historia de la Educación, 7, 263-290. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/88864
Vassiliades, A. (2008). Entre la homogeneización moralizante y la adaptación al entorno: la escolarización bonaerense durante la última dictadura (1976-1983). Archivos de Ciencias de la Educación, 2(2), 145-158. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/11942
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