¿A quién le importa el futuro? El modo en que el FMI socava los servicios públicos

Resumen

Este documento se inspira en la investigación que llevó adelante ActionAid para la elaboración de un informe principal sobre políticas titulado Who Cares for the Future (Quién se preocupa por el futuro), publicado en abril de 2020, y un informe de política más corto, The Pandemic and the Public Sector, (La pandemia y el sector público), publicado en octubre de 2020.2 Nuestro informe principal extrajo los vínculos existentes entre la enorme cantidad de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado asumido por las mujeres (e ignorado por la mayoría de los economistas del FMI) y la infra-financiación de servicios públicos con perspectiva de género, influenciada considerablemente por las recomendaciones de políticas del FMI y la crisis de la deuda.

Para el informe principal, ActionAid revisó las recomendaciones del FMI o las condiciones de préstamos impuestas por el  organismo más recientemente en 56 países sobre los temas: objetivos de masa salarial, de déficit y de inflación, reformas tributarias, cuestiones de género, gasto público y problemas laborales. Se analizaron los documentos de préstamo de países con programas en curso o que finalizaban no antes de 2017. En el caso de los países no prestatarios, observamos los más recientes Informes del Artículo IV, que consisten en las evaluaciones anuales de fiscalización de las economías nacionales establecidas por el Convenio Constitutivo del FMI. En nuestra investigación, abordamos intencionalmente un enfoque amplio respecto de las condicionalidades del FMI, dado que reconocemos que la influencia coercitiva del organismo en términos de políticas va más allá de las condiciones oficiales, como en el caso de los criterios de desempeño o los valores de referencia estructurales. 

En síntesis, conforme nuestro análisis inicial, el FMI recomendó reducir el déficit en 70 % de los 27 países de bajo ingreso (LIC, por sus siglas en inglés) que cuentan con datos adecuados; disminuir las tasas de inflación en 75 % de los LIC cuyas divisas no estén vinculadas con el euro, y reducir la masa salarial en 30 % de los LIC que tienen datos adecuados, además de exigir el congelamiento efectivo de los salarios en un 48 % adicional de los casos. De esta forma, se aconsejó enfáticamente a más de tres cuartos de los LIC en contra de mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de personal (ni siquiera para responder al crecimiento de la población). En octubre de 2020, al volver a revisar estos datos para el seguimiento del Documento de Políticas, estudiamos el financiamiento de emergencia del FMI por la COVID-19 y no hallamos cambios significativos en las recomendaciones sobre restricciones salariales del sector público. En cambio, nos encontramos con el preocupante requisito de que, para acceder a los créditos, los países debían comprometerse a regresar de forma prematura a un esquema de consolidación fiscal. Esto podría arrasar con las inversiones en servicios públicos y con el cumplimiento de los derechos humanos para las próximas generaciones.