• ReDeA N° 11 Otoño
    Vol. 11 Núm. 11 (2019)

    Presentamos la edición otoño de 2019, dándole la bienvenida a nuestras lectoras y lectores al undécimo número de ReDeA, con las renovadas ganas de compartir con ustedes algunos sucesos jurídicos sociales, a nuestro entender importantes, acaecidos en los últimos tres meses en la Argentina, la región, y en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

    Preocupa seriamente en el ámbito nacional la generalización de la aplicación de las prácticas policiales enmarcadas en lo que se dio a conocer como “doctrina chocobar” sostenida por las máximas autoridades del Gobierno nacional, por la se convalidan acciones represivas de las fuerzas de seguridad y excesos como el gatillo fácil. El discurso legitimante de las muertes acontecidas promovido políticamente por parte de la Ministra Bullrich no hacen otra cosa que neutralizar sus letales consecuencias. Este discurso amplifica las respuestas punitivas del Estado, es auténtica pulsión regresiva. Se hace necesaria una “relectura de la teoría de las de neutralización de Gresham Sykes y David Matza en clave de crímenes de Estado” frente a un Estado que justifica y confirma estas acciones apelando a justificaciones que neutralizan el sentido homicida de su accionar. En palabras de Zaffaroni e Ilson Dos Santos “En nuestra región normaliza u oculta que el subdesarro llo al que la somete produce un genocidio por goteo en curso”, particularmente por la “letalidad policial". Las matanzas de San Miguel del Monte y las posteriores maniobras de encubrimiento evidencia las terribles consecuencias de la promocionada doctrina de protección irracional de cualquier intervención de las fuerzas de seguridad expuesta por la Ministra mencionada.

    Por otro lado, Adherimos a las consideraciones efectuadas en el marco del proyecto Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina, desarrollado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), la Asociación Pensamiento Penal (APP). A pocas cuadras de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se pudo ver estos días la militarización de la Plaza San Martín, frente a la sede del Poder Ejecutivo provincial y de la Legislatura, con la finalidad de impedir que personas realizaran venta callejera en lo que se transformó en una feria de trueque al aire libre.

    Además, En este número se destacan los trabajos relacionados con la Constitución de 1949 – a propósito de su aniversario-, cuya evocación nos trae de inmediato en colación distintas cuestiones relativas a la lucha de los sectores populares para alcanzar la ciudadanía real una vez ordenada nuestra nación bajo la Constitución de 1853/60.

    Por otra parte, debemos destacar el inicio de un nuevo proceso electoral en nuestro país, proceso que, a través de la voluntad popular en las urnas, nos dará las autoridades con responsabilidad de gobierno para los próximos años.

    En lo que respecta al presente número, queremos comunicar la incorporación de un nuevo idioma para los títulos, resúmenes y palabras claves; el chino, traducción a cargo de Juan Cruz Vallefín, a quien agradecemos por su trabajo y esfuerzo. Despedimos a nuestros lectores hasta el próximo número de ReDeA, esperando que nos sigan acompañando en este proyecto editorial.

  • ReDeA N° 10 Verano
    Vol. 10 Núm. 10 (2019)

    Inicia el 2019 con la edición verano, dándole la bienvenida a nuestras lectoras y lectores al décimo número de ReDeA, con las renovadas ganas de compartir con ustedes algunos sucesos jurídicos sociales, a nuestro entender importantes, acaecidos en los últimos tres meses en la Argentina, la región, y en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

    El 24 de marzo, recordamos los 43 años transcurridos desde el último golpe cívico militar, con el constante reclamo popular de memoria, verdad y justicia; para no repetir los errores del pasado y no olvidar a los 30.000 desaparecidos. Hoy como siempre sigue vigente la consigna Nunca más!

    En la actualidad política y judicial no podernos dejar de destacar la aparición de indicios, cuanto menos, sobre la utilización de espionaje clandestino ligado a magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial pone de manifiesto la contaminación institucional derivada de las relaciones promiscuas entre servicios de inteligencia y la Justicia en nuestro país.

    En el mismo ámbito académico queremos compartir la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que en fecha 25 de marzo de 2019 aprobó la creación del Centro de Investigación en Derecho Crítico como unidad de investigación científica, según lo establecido por la Ordenanza UNLP N 284/11.

    Con relación a nuestra publicación, nos es muy grato anoticiar a los lectores y autores de ReDeA que en estos últimos meses nuestra publicación fue indexada en el Directorio de Revistas Académicas de Acceso Abierto DOAJ, en el catálogo de Latindex, en el repositorio MIAR de la Universidad de Barcelona, en la red iberoamericana de innovación y conocimiento científico –REDIB- y en DIALNET.

  • Primavera 2018
    Vol. 9 Núm. 9 (2018)

    Finaliza el 2018 con la edición primavera, dándole la bienvenida a nuestras lectoras y lectores al noveno número de ReDeA, con las renovadas ganas de compartir con ustedes algunos sucesos jurídicos sociales, a nuestro entender importantes, acaecidos en los últimos tres meses en la Argentina, la región, y en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

    El pasado 10 de diciembre se cumplieron setenta años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de la Naciones Unidas. Este documento, que marca un hito en la historia de los derechos humanos, fue proclamado el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de Paris como un ideal común a toda la humanidad. Allí se establecieron por primera vez, a través de sus treinta artículos, los derechos humanos fundamentales como estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones del mundo. Hoy a siete décadas de aquella histórica aprobación queremos recatar los valores de igualdad, justicia y dignidad humana contenidos en este documento con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. Al mismo tiempo, y sin negar la importancia de este tipo de instrumentos internacionales de derechos humanos, instamos desde esta publicación a la cultura jurídica en general, a sus operadores y a la política a no detener nunca la lucha por la implementación efectiva de los derechos fundamentales.

    A nivel regional nos preocupa que en materia de derechos humanos, las propuestas políticas de derecha como la recientemente triunfante en la hermana república de Brasil, nos conduzcan a un retroceso en la calidad de vida de nuestros pueblos y en una disminución de las libertades alcanzadas luego de una larga lucha.

    Por otro lado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, está aplazado en promesas de campaña. Sólo cumplió dos de 20 seleccionadas -18 de ellas dichas durante el debate presidencial pre balotaje y dos elegidas por la gente en las redes sociales como “las más memorables”-, que Chequeado analizó por tercer año consecutivo. De las 20, seis fueron calificadas como “Incumplida”, seis “En Proceso, Demorada”; seis “En Proceso, Adelantada” y dos, “Cumplida”.

    En otro orden de ideas, en las últimas semanas, el colectivo feminista logró hacerse oír y convertirse en un nuevo eje de la discusión social en Argentina, denunciando y dejando en evidencia las naturalizaciones de prácticas patriarcales de todo tipo que afectan la vida, libertad, dignidad, integridad psicológica y/o sexual de las mujeres y, específicamente en el ámbito de la justicia el uso de estereotipos de género en los procesos: en las denuncias, audiencias, valorizaciones de la prueba y por ende en las sentencias. Estos estereotipos, que se construyen desde lógicas machistas y por lo tanto violentas, que dan cuenta de la falta de perspectiva de género en la formación de las y los integrantes de los poderes del Estado.

    Por otro lado, ponemos en conocimiento de nuestros lectores que en el pasado mes de noviembre se desarrollaron en nuestra facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales las elecciones en el claustro estudiantil. La agrupación “Estudiantes de Abogacía” (EA) resultó vencedora al imponerse frente a Franja Morada por 2756 votos para la conducción del Centro de Estudiantes. En tanto que para el Consejo Directivo de la facultad, EA  con 2641 votos- consiguió la representación por la mayoría con cuatro de los cinco consejeros del claustro estudiantil en dicho cuerpo deliberativo. Vayan nuestras felicitaciones a los vencedores a quienes les deseamos éxitos en esta nueva etapa, así como a quienes ocupan el segundo lugar y la minoría estudiantil en el Consejo Directivo y a todas las agrupaciones estudiantiles que compiten democráticamente año a año por alcanzar la representación de los estudiantes de nuestra facultad.

    En lo que respecta a las cuestiones propias de nuestra revista, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la profesora Marcela de Luca, quien desde el inicio de esta publicación nos acompaño con su trabajo y apoyo, ocupando hasta hoy el cargo de coordinadora en el Staff Editorial, y que por cuestiones profesionales y personales ha decidido seguir colaborando con ReDeA desde el Consejo Editorial. Muchas gracias Marcela!

  • Invierno 2018
    Vol. 8 Núm. 8 (2018)

    Damos la bienvenida a nuestras lectoras y lectores al octavo número (Nº8) de ReDeA correspondiente a la estación invierno de 2018 con las renovadas ganas de compartir con ustedes algunos sucesos jurídico sociales, a nuestro entender importantes, acaecidos en los últimos tres meses en la Argentina, la región, y en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

    Resulta una novedad en el actual contexto político regional el triunfo electoral de una propuesta alternativa a políticas públicas neoliberales que proliferan en nuestro continente en estos tiempos. Nos referimos al hermano país de México, al que en el presente número le dedicamos una sección especial titulada “Pasado y presente del sistema político y constitucional de México”, con la destacada participación de uno de los constitucionalistas más relevantes y comprometidos de Brasil, profesor Paulo Bonavides, el reconocido profesor de la casa Daniel Cieza y la docente especialista en relaciones internacionales María Dolores Gandulfo.

    En México, el primero de julio se realizaron elecciones presidenciales con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) con el 53,17% de los votos, que significan más de 30 millones.

    Una experiencia en sentido contrario está viviendo en estos días el vecino país de Brasil. Con Lula injustamente preso en una cárcel de Curitiba y ante la imposibilidad de presentarse como candidato en las próximas elecciones en Brasil, finalmente el PT (partido de los trabajadores) confirmó que Fernando Haddad (ex ministro de educación de Lula y Dilma y ex alcalde de la ciudad de San Pablo) será el candidato para el 7 de octubre de octubre próximo en nuestro hermano país.

    Los sucesos político jurídicos en la actualidad argentina, en constante agitación, se debaten en denuncias de corrupción, judicialización de la política y alto impacto mediático del accionar procesal de los distintos poderes judiciales nacional o provinciales. Por un lado falsos y falsas aportantes de campañas electorales, afiliaciones partidarias apócrifas, cuadernos con referencia al pago de coimas, se promueven diariamente en los medios masivos de comunicación cuando por el otro el país se endeuda a niveles escalofriantes, el valor del dólar deprecia rápidamente nuestra moneda, y la inflación diluye el ingreso de la población asalariada.

    Ingresando ya a nuestro ámbito, confirmamos nuestro convencimiento que la Universidad Pública, gratuita, de calidad e inclusiva, está en peligro. Lo viene estando desde que asumió este gobierno neoliberal en aquel diciembre de 2015, tan cercano en el tiempo pero que parece tan lejano por la profundidad y la extensión del daño infringido. Y lo seguirá estando en caso que se apruebe el presupuesto de ajuste, a la medida del FMI, que empieza a discutirse por estos días en el Congreso Nacional.

    El 22 de agosto de 2018, un grupo de docentes relacionados y relacionadas con esta publicación presentó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP el Proyecto para la creación del Centro de Investigación en Derecho Crítico –C.I.Der.Crit.”, enmarcando la propuesta en lo normado por la Ordenanza Nº 284/11 de la Universidad Nacional de La Plata.

    Finalmente, como siempre, agradecer a todas y todos aquellos que hacen posible que la revista se siga publicando en forma regular, mejorando número a número su calidad académica. ¡A los autores y las autoras (profesores, profesoras, académicos, académicas, investigadoras e investigadores, extensionistas, traductores, traductoras y estudiantes), artistas gráficos, poetas, lectores y lectoras, muchas gracias!

    Los y las esperamos en la edición primavera de 2018 (Nº 9).

  • Otoño 2018
    Vol. 7 Núm. 7 (2018)

    Damos la bienvenida a nuestros lectores al séptimo número de ReDeA correspondiente a la estación otoño de 2018 con las renovadas ganas de compartir con ustedes algunos sucesos jurídico-sociales, a nuestro entender importantes, acaecidos en los últimos tres meses en la Argentina, la región, y en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

    El comienzo del otoño nos trajo una desalentadora señal política para los países latinoamericanos, cuando a principios del mes de abril la Corte Suprema de Brasil decidió no aceptar el hábeas corpus presentado por Lula Da Silva y autorizar a la Justicia su detención. El resultado fue 6-5 y debió definir la presidenta del cuerpo (Cármen Lúcia Antunes) de quien se esperaba que se inclinara por admitir el recurso y, sin embargo, dio el golpe de gracia a las aspiraciones del ex presidente con un argumento contradictorio: explicó que votó para respetar la jurisprudencia instalada por el STF en 2016, que ella misma rechazó en su momento. Una enorme manifestación popular aguardó el resultado junto al líder del Partido de los Trabajadores del Brasil, quien cumplió la orden judicial y hasta hoy se encuentra privado de su libertad. En el presente número dedicamos una sección especial sobre la judicialización de la política en Argentina y Brasil, en la que especialistas en tal temática desarrollan algunos detalles técnicos y políticos del proceso judicial contra el líder del hermano país.

    En otro orden de cosas, queremos comentarles a nuestros lectores que el pasado 26 de abril de este año fue elegido un nuevo decano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Se trata del Profesor Miguel Oscar Berri, quien de acuerdo al estatuto de la UNLP estará en funciones durante los próximos cuatro años. Acompañarán al Sr. Decano en su gestión Hernán Gómez (Vicedecano); Valeria Moreno (secretaría académica); Carlos Marcelo Lamoglia (secretaría de Posgrado); Adolfo Brook (secretaría de extensión); Joaquín Eliseche (secretaría de asuntos estudiantiles); Hernán Ariel Navamuel (secretaría económico financiera); Fernando Maitini (secretaría de relaciones institucionales); Mariano Salgado (secretaría de investigación). A todos ellos, desde esta publicación queremos desearles muchos éxitos en sus funciones.

  • Verano 2018
    Vol. 6 Núm. 6 (2018)

    Con la satisfacción de poder editar el sexto número de nuestra revista, iniciando un nuevo año, compartiremos en estas pocas páginas algunas reflexiones relativas a cuestiones relevantes del quehacer jurídico y social de la Argentina y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. En pocos días, el 24 de marzo, recordaremos los 42 años transcurridos desde el último golpe cívico militar, con el constante reclamo popular de memoria, verdad y justicia; y con el sinsabor de vivir en nuestro país el posible otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria –a instancias del Poder Ejecutivo Nacional– a más de mil condenados por terribles violaciones a los derechos humanos durante la dictadura iniciada en 1976. El gobierno promovió esta medida desde el Servicio Penitenciario Federal, mediante la confección de un listado de 1.111 represores candidatos a continuar sus condenas en sus domicilios, incluyendo entre los beneficiados a Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Escuela de Mecánica de la Armada. Será decisivo, para el sostenimiento del estado de derecho, la esperada negativa por parte de los jueces que tienen a cargo supervisar el legal cumplimiento de las penas por parte de cada condenado en juicio. Y de ser necesario, el pueblo nuevamente tendrá que defender la democracia manifestándose pacíficamente en las calles, como ya lo hizo frente al fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del dos por uno para represores y genocidas. La violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad hoy se manifiesta a través de conocidas prácticas como la represión de manifestaciones populares y el gatillo fácil.

    La violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad hoy se manifiesta a través de conocidas prácticas como la represión de manifestaciones populares y el gatillo fácil. El 8 de diciembre pasado, un policía vestido de civil que se dirigía a su lugar de trabajo, persiguió y disparó con su arma reglamentaria a un joven que, junto a otro cómplice, acaba de cometer un violento robo contra un turista extranjero en el barrio de La Boca. Se trata de Luis Chocobar, integrante de la policía local de Avellaneda, quien declaró que debió actuar de esa forma ya que “el sujeto se me vino encima y tuve que defenderme”. Luego, con la aparición de un video de una cámara de seguridad, se supo fehacientemente que Chocobar mintió. El delincuente fue baleado por la espalda cuando huía desarmado y sin representar ningún peligro para el policía ni para terceros. A los pocos días el joven falleció producto de los impactos de bala que recibió esa mañana. Hasta ahí, estamos ante un lamentable supuesto de gatillo fácil.

  • Primavera 2017
    Vol. 5 Núm. 5 (2017)

    Iniciamos esta editorial con inmenso dolor por la reciente aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut y esperamos que el Poder Judicial de la Nación cumpla su rol de echar luz sobre esos hechos para, eventualmente, determinar responsabilidades y reparar a sus familiares. La gravedad de la conducta del Estado respecto de los pueblos originarios que habitan el sur de nuestro país se ve potenciada por la represión del día 25 de noviembre pasado, perpetrada por fuerzas federales que dispararon con balas de plomo a varios mapuches que se resguardaban en montañas cercanas a la Ciudad de Bariloche, luego de una previa persecución frente al reclamo público por sus tierras. De los tres heridos de bala, uno de ellos, Rafael Nahuel, de 22 años de edad, falleció antes de ser trasladado al hospital de Bariloche. Evidentemente las autoridades a cargo del Estado Nacional continúan estigmatizando y persiguiendo al pueblo Mapuche, sin dar cabal cumplimien­to a lo dispuesto constitucionalmente como política pública para las comunidades originarias de nuestro país. Una excepción en dicha política pública, que se encuentra en una dirección opuesta, es la reciente sanción de la Ley Nacional No 27.400, que prorrogó –luego de una extensa lucha– la suspensión de desalojos para pueblos originarios hasta el año 2021. El segundo de los hechos que han conmovido a nuestro país es la desaparición del submarino ARA San Juan, aún no hallado al momento de escribir estas líneas. Nuevamente, será la Justicia quien deberá clarificar en un acontecimien­to que enluta a nuestro pueblo, en un incidente que se ha cobrado 44 víctimas, los tripulantes de la embarcación. Es de destacar que la función primordial de la Armada es contribuir a la defensa de nuestra Nación, mediante la aplicación del Poder Naval, consolidando y garantizando la seguridad territorial, de los ciudadanos y del Estado dentro de la jurisdicción de la Armada Nacional. Vaya nuestro reconocimien­to y homenaje a aquellos compatriotas que han ofrendado su vida en tan alto deber.

  • Invierno 2017
    Núm. 4 (2017)

    Un lugar central de esta editorial de invierno lo tiene la desaparición forzada de Santiago Maldonado ocurrida el 1° de agosto de 2017 en momentos que un grupo de la comunidad Mapuche reclamaban por sus tierras en la provincia de Chubut, resultando –por el momento– el principal responsable la Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Nación. El Estado Nacional, lejos de estigmatizar, perseguir y discriminar a las personas que integran nuestros pueblos indígenas, les debe un trato preferencial, expresamente dispuesto en la Carta Magna Argentina. No está de más recordar que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, establece que se debe: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. El 1° de septiembre, al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago, se realizó una masiva marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidiendo por su aparición con vida. En ella, los Gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma actuaron con represión policial y criminalización, todo ello con el aval de la justicia federal. La Policía de la Ciudad volvió a incumplir la ley al practicar métodos como cacería de personas, uso brutal de la fuerza, policías sin identificación y vestidos de civil, ataques a personal de prensa y personas que se encontraban registrando la represión.

  • Otoño 2016-2017
    Núm. 3 (2017)

    El contexto político, económico, social y, consecuentemente, el universo jurídico en nuestro país; nos interpela al lanzamiento de este nuevo número de ReDeA con estupor. Pero, lejos de ser paralizante, nos incentiva a profundizar nuestro pensamiento crítico y traducirlo en propuestas revitalizantes y superadoras. El primer escaño de la lista de sucesos alarmantes queda reservado, sin duda, al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente conformada, que habilitó la aplicación del beneficio excepcional previsto por la ley 24.390 conocido como ̈2 x 1 ̈ en el cómputo de condenas a genocidas que fueron juzgados por los delitos más atroces de nuestra historia reciente. Dejando así abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad. Esta sentencia, dictada en una situación procesal particular abstracta y, por ello, más simbólica que de consecuencias jurídicas efectivas en el caso concreto; provocó la reacción de los Organismos de Derechos Humanos, así como de toda la sociedad argentina que tiene en su ADN el legado de Memoria, Verdad y Justicia. Adherimos al reclamo por su no aplicación, haciendo nuestros los conceptos de Estela de Carlotto -titular de Abuelas de Plaza de Mayo-, quien sostuvo que: “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados. Lo que no se juzga y se condena, se repite”. Con estas líneas de bienvenida a nuestro tercer número, alentamos a nuestros lectores, potenciales autores, a reflexionar sobre estas cuestiones y acercarnos sus aportes.

     

  • Verano 2016-2017
    Núm. 2 (2017)

    Transformaciones institucionales y jurídicas que nos preocupan

    Este segundo número de ReDeA sale a la luz en un momento de profundas transformaciones en nuestro sistema jurídico. ¿En qué radica el desafío? Uno de nuestros principales esfuerzos editoriales se concentra en el análisis crítico del discurso jurídico en todos sus niveles de producción: legislativo, jurisdiccional, académico y, con especial atención, la voz de los sin voz, los justiciables.

    Esta pretensión es inescindible del abordaje integral del sistema jurídico, considerado como un todo, que encuentra un hilo conductor valorativo y operativo en las reglas internacionales de DD.HH. En este último año se vienen produciendo en nuestro país significativos cambios estructurales en las dimensiones política, económica, social y cultural que, indefectiblemente, sacuden al universo jurídico.  Como hemos verificado en otras etapas de nuestra historia; el cambio de paradigma ideológico que pretende delinear nuestras normas de convivencia y relación ciudadana, se traduce en la inserción de nuevas (viejas?) normas escritas, significativos fallos jurisprudenciales en respuesta a esta actividad legisferante, prácticas diversas por parte de los operadores jurídicos y posicionamientos alternativos de organizaciones y actores sociales en general.

    Lejos de desalentarnos, este entramado de cambios nos interpela a tareas desafiantes tales como la revisión y reconstrucción de nuestros marcos teóricos, a escrudiñar detrás de las palabras de leyes y decisiones para develar los conflictos de intereses en juego, hacer el esfuerzo pragmático de identificar quiénes resultan ganadores y perdedores en esa puja, practicar una visión integral de las modificaciones verificadas para encontrar, si lo hay, el fundamento teleológico y axiológico que subyace detrás de ellas. Y, por sobre todas las cosas, poder analizar y entender cómo quedan ubicadas las Personas en esta maraña de palabras y gestos. Es la Persona Humana, viviendo pacífica y dignamente en una Sociedad Democrática, el centro de toda contribución que pretendamos acercar, con o sin suerte, desde esta publicación. Con estas líneas de bienvenida a nuestro segundo número, alentamos a nuestros lectores, potenciales autores, a reflexionar sobre estas cuestiones y acercarnos sus aportes. El volumen de Otoño de 2017, los espera.

  • Primavera 2016
    Núm. 01 (2016)

    Esta publicación pretende ser la expresión de un grupo de docentes comprometidos con la realidad de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que hemos conformado una agrupación plural, democráticamente denominada Docentes de Derecho en Acción, desde la que intentamos generar un nuevo espacio de encuentro, reflexión y discusión entre docentes, graduados y estudiantes. De las enriquecedoras reuniones que hemos celebrado hasta el presente, emergieron variadas inquietudes y líneas de tra-bajo. Entre ellas, sobresale la motivación común por articular acciones académicas en pos de un aborda je jurídico alternativo de las problemáticas sociales que –entendemos- preocupan a nuestras sociedades en el delicado contexto latinoamericano actual. Así nació este primer número de la Revista Derechos en Acción.

    ¿Cómo entendemos el derecho? Entendemos que el ordenamiento jurídico, en su carácter instrumental, tiene por objeto esencial instalar en la sociedad un régimen determinado de ordenación y constituye en sí mis-mo un conjunto de reglas que fuerzan a un orden dado de la sociedad y sus miembros. El conjunto de reglas jurídicas obligatorias, integra un sistema abierto que se relaciona con el sistema institucional, político y social, y lo que el derecho aporta a la sociedad constituye sólo el medio para que se alcance un determinado orden social.A la hora de conceptualizar las ciencias jurídicas, es necesario poner énfasis en la dimensión histórica y social del derecho, en-tendiendo a este último con una autonomía relativa; defender la interdisciplinariedad frente a la exclusividad de la dogmática jurídica; acentuar la dimensión política del derecho y del discur-so jurídico contra su supuesta neutralidad valorativa y aceptar el carácter ideológico del derecho.