• Primavera 2017
    Vol. 5 Núm. 5 (2017)

    Iniciamos esta editorial con inmenso dolor por la reciente aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut y esperamos que el Poder Judicial de la Nación cumpla su rol de echar luz sobre esos hechos para, eventualmente, determinar responsabilidades y reparar a sus familiares. La gravedad de la conducta del Estado respecto de los pueblos originarios que habitan el sur de nuestro país se ve potenciada por la represión del día 25 de noviembre pasado, perpetrada por fuerzas federales que dispararon con balas de plomo a varios mapuches que se resguardaban en montañas cercanas a la Ciudad de Bariloche, luego de una previa persecución frente al reclamo público por sus tierras. De los tres heridos de bala, uno de ellos, Rafael Nahuel, de 22 años de edad, falleció antes de ser trasladado al hospital de Bariloche. Evidentemente las autoridades a cargo del Estado Nacional continúan estigmatizando y persiguiendo al pueblo Mapuche, sin dar cabal cumplimien­to a lo dispuesto constitucionalmente como política pública para las comunidades originarias de nuestro país. Una excepción en dicha política pública, que se encuentra en una dirección opuesta, es la reciente sanción de la Ley Nacional No 27.400, que prorrogó –luego de una extensa lucha– la suspensión de desalojos para pueblos originarios hasta el año 2021. El segundo de los hechos que han conmovido a nuestro país es la desaparición del submarino ARA San Juan, aún no hallado al momento de escribir estas líneas. Nuevamente, será la Justicia quien deberá clarificar en un acontecimien­to que enluta a nuestro pueblo, en un incidente que se ha cobrado 44 víctimas, los tripulantes de la embarcación. Es de destacar que la función primordial de la Armada es contribuir a la defensa de nuestra Nación, mediante la aplicación del Poder Naval, consolidando y garantizando la seguridad territorial, de los ciudadanos y del Estado dentro de la jurisdicción de la Armada Nacional. Vaya nuestro reconocimien­to y homenaje a aquellos compatriotas que han ofrendado su vida en tan alto deber.

  • Invierno 2017
    Núm. 4 (2017)

    Un lugar central de esta editorial de invierno lo tiene la desaparición forzada de Santiago Maldonado ocurrida el 1° de agosto de 2017 en momentos que un grupo de la comunidad Mapuche reclamaban por sus tierras en la provincia de Chubut, resultando –por el momento– el principal responsable la Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Nación. El Estado Nacional, lejos de estigmatizar, perseguir y discriminar a las personas que integran nuestros pueblos indígenas, les debe un trato preferencial, expresamente dispuesto en la Carta Magna Argentina. No está de más recordar que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, establece que se debe: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. El 1° de septiembre, al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago, se realizó una masiva marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidiendo por su aparición con vida. En ella, los Gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma actuaron con represión policial y criminalización, todo ello con el aval de la justicia federal. La Policía de la Ciudad volvió a incumplir la ley al practicar métodos como cacería de personas, uso brutal de la fuerza, policías sin identificación y vestidos de civil, ataques a personal de prensa y personas que se encontraban registrando la represión.

  • Otoño 2016-2017
    Núm. 3 (2017)

    El contexto político, económico, social y, consecuentemente, el universo jurídico en nuestro país; nos interpela al lanzamiento de este nuevo número de ReDeA con estupor. Pero, lejos de ser paralizante, nos incentiva a profundizar nuestro pensamiento crítico y traducirlo en propuestas revitalizantes y superadoras. El primer escaño de la lista de sucesos alarmantes queda reservado, sin duda, al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente conformada, que habilitó la aplicación del beneficio excepcional previsto por la ley 24.390 conocido como ̈2 x 1 ̈ en el cómputo de condenas a genocidas que fueron juzgados por los delitos más atroces de nuestra historia reciente. Dejando así abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad. Esta sentencia, dictada en una situación procesal particular abstracta y, por ello, más simbólica que de consecuencias jurídicas efectivas en el caso concreto; provocó la reacción de los Organismos de Derechos Humanos, así como de toda la sociedad argentina que tiene en su ADN el legado de Memoria, Verdad y Justicia. Adherimos al reclamo por su no aplicación, haciendo nuestros los conceptos de Estela de Carlotto -titular de Abuelas de Plaza de Mayo-, quien sostuvo que: “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados. Lo que no se juzga y se condena, se repite”. Con estas líneas de bienvenida a nuestro tercer número, alentamos a nuestros lectores, potenciales autores, a reflexionar sobre estas cuestiones y acercarnos sus aportes.

     

  • Verano 2016-2017
    Núm. 2 (2017)

    Transformaciones institucionales y jurídicas que nos preocupan

    Este segundo número de ReDeA sale a la luz en un momento de profundas transformaciones en nuestro sistema jurídico. ¿En qué radica el desafío? Uno de nuestros principales esfuerzos editoriales se concentra en el análisis crítico del discurso jurídico en todos sus niveles de producción: legislativo, jurisdiccional, académico y, con especial atención, la voz de los sin voz, los justiciables.

    Esta pretensión es inescindible del abordaje integral del sistema jurídico, considerado como un todo, que encuentra un hilo conductor valorativo y operativo en las reglas internacionales de DD.HH. En este último año se vienen produciendo en nuestro país significativos cambios estructurales en las dimensiones política, económica, social y cultural que, indefectiblemente, sacuden al universo jurídico.  Como hemos verificado en otras etapas de nuestra historia; el cambio de paradigma ideológico que pretende delinear nuestras normas de convivencia y relación ciudadana, se traduce en la inserción de nuevas (viejas?) normas escritas, significativos fallos jurisprudenciales en respuesta a esta actividad legisferante, prácticas diversas por parte de los operadores jurídicos y posicionamientos alternativos de organizaciones y actores sociales en general.

    Lejos de desalentarnos, este entramado de cambios nos interpela a tareas desafiantes tales como la revisión y reconstrucción de nuestros marcos teóricos, a escrudiñar detrás de las palabras de leyes y decisiones para develar los conflictos de intereses en juego, hacer el esfuerzo pragmático de identificar quiénes resultan ganadores y perdedores en esa puja, practicar una visión integral de las modificaciones verificadas para encontrar, si lo hay, el fundamento teleológico y axiológico que subyace detrás de ellas. Y, por sobre todas las cosas, poder analizar y entender cómo quedan ubicadas las Personas en esta maraña de palabras y gestos. Es la Persona Humana, viviendo pacífica y dignamente en una Sociedad Democrática, el centro de toda contribución que pretendamos acercar, con o sin suerte, desde esta publicación. Con estas líneas de bienvenida a nuestro segundo número, alentamos a nuestros lectores, potenciales autores, a reflexionar sobre estas cuestiones y acercarnos sus aportes. El volumen de Otoño de 2017, los espera.

  • Primavera 2016
    Núm. 01 (2016)

    Esta publicación pretende ser la expresión de un grupo de docentes comprometidos con la realidad de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que hemos conformado una agrupación plural, democráticamente denominada Docentes de Derecho en Acción, desde la que intentamos generar un nuevo espacio de encuentro, reflexión y discusión entre docentes, graduados y estudiantes. De las enriquecedoras reuniones que hemos celebrado hasta el presente, emergieron variadas inquietudes y líneas de tra-bajo. Entre ellas, sobresale la motivación común por articular acciones académicas en pos de un aborda je jurídico alternativo de las problemáticas sociales que –entendemos- preocupan a nuestras sociedades en el delicado contexto latinoamericano actual. Así nació este primer número de la Revista Derechos en Acción.

    ¿Cómo entendemos el derecho? Entendemos que el ordenamiento jurídico, en su carácter instrumental, tiene por objeto esencial instalar en la sociedad un régimen determinado de ordenación y constituye en sí mis-mo un conjunto de reglas que fuerzan a un orden dado de la sociedad y sus miembros. El conjunto de reglas jurídicas obligatorias, integra un sistema abierto que se relaciona con el sistema institucional, político y social, y lo que el derecho aporta a la sociedad constituye sólo el medio para que se alcance un determinado orden social.A la hora de conceptualizar las ciencias jurídicas, es necesario poner énfasis en la dimensión histórica y social del derecho, en-tendiendo a este último con una autonomía relativa; defender la interdisciplinariedad frente a la exclusividad de la dogmática jurídica; acentuar la dimensión política del derecho y del discur-so jurídico contra su supuesta neutralidad valorativa y aceptar el carácter ideológico del derecho.

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