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Vol. 15 Núm. 15 (2020): Otoño

Presentamos la edición otoño de 2020, dándole la bienvenida a nuestras lectoras y lectores al número 15 de ReDeA, con las renovadas ganas de compartir con ustedes algunos sucesos jurídicos y sociales que, a nuestro entender, resultan importantes y han sucedido en los últimos tres meses en la Argentina, la región y nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La pandemia del Coronavirus (COVID-19) impregna todo lo que sucede en nuestra sociedad, y nuestra revista no es la excepción. La gravedad de la situación que estamos atravesando llevó a las autoridades públicas de todos los países a la imperiosa necesidad de adoptar medidas de excepción, como lo fueron en el caso de nuestro país la declaración de emergencia sanitaria, primeramente, y luego el establecimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En el caso del Poder Legislativo, hoy funciona en modalidad virtual pudiendo sancionar leyes y realizar las tareas de control de la actividad normativa del Poder Ejecutivo en situaciones de emergencia, encontrándose en pleno trámite la revisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados durante la crisis sanitaria (Ley N° 26.122, Art. 99, inciso 3,CN). Al inicio de la pandemia existía incertidumbre sobre la constitucionalidad de las sesiones a distancia, lo que llevo a la Presidenta del Senado a iniciar una acción judicial solicitando a la CSJN que habilite las sesiones virtuales. El Tribunal falló que el “Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada”

En cuanto al Poder Judicial, se han emitido un importante caudal de resoluciones y sentencias que se relacionan directa e indirectamente con la posible afectación de derechos por las medidas de aislamiento social dispuestas. Esto es cabal demostración del funcionamiento del control judicial de la actividad administrativa en nuestro país, estando garantizado el cumplimiento de las garantías judiciales reguladas constitucionalmente y por tratados internacionales de protección de Derechos Humanos vigentes.

Finalmente, todas las medidas de gobierno referidas a la crisis del coronavirus son informadas a la población en forma veraz y confiable, tanto a través del reporte oficial diario, respecto a la evolución de los datos epidemiológicos que brindan las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, como a las conferencias de prensa que realiza el Presidente de la Nación cuando se produce una novedad o modificación de las medidas de aislamiento social.

Por otro lado, la crisis sanitaria también afecta a la educación, como derecho fundamental y como una de las funciones indelegables del Estado. Como era de suponer, las medidas de aislamiento frente a la pandemia tuvieron un impacto directo en la educación universitaria y en sus tradicionales esquemas de funcionamiento. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (ámbito de creación y funcionamiento de nuestra publicación) no es una excepción a lo que acabamos de comentar. Miles de alumnos continuaron cursando sus materias de manera remota, otros tantos lograron graduarse de abogados y escribanos de manera online. Seguramente habrá habido errores, o cosas para ir mejorando, pues la pandemia no dejó tiempo para nada y se debió ir aprendiendo sobre la marcha. Desde aquí nuestro reconocimiento a los alumnos, docentes, no docentes, y autoridades por el esfuerzo y por seguir apostando a una universidad pública, inclusiva y de calidad académica.

Finalmente, queremos darle la bienvenida al Staff Editorial de ReDeA a la Profesora Stefanía Alba Nájera. Como siempre, nos despedimos hasta el próximo número (16), correspondiente a la primavera 2020, que saldrá a la luz el 21 de septiembre.

Publicado: 2020-07-16

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Convocatoria de artículos

Sección Especial sobre Fondo Monetario Internacional y derechos humanos

Revista Derechos en Acción (Redea)

 

En junio de 2018 la Argentina firmó un acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya en 2016 el organismo había retornado al país para realizar las revisiones macroeconómicas que aplica a todos los Estados miembro. El acuerdo firmado por el gobierno, ampliado en octubre de 2018, habilitó al envío de fondos por de USD 57 mil millones, de los cuales se llegaron a girar USD 44 mil millones. Éste constituye uno de los préstamos más voluminosos que haya otorgado el FMI a un cliente estatal. Junto al endeudamiento con el sector privado, esta deuda multilateral explica el crecimiento exponencial de la deuda pública del país de los últimos años.

Septiembre de 2020 signó dos novedades importantes en el plano financiero del país: la aprobación de la reestructuración de la deuda con acreedores privados y el inicio de negociaciones con el FMI. Mientras aún no se conocen los términos de la negociación ni las reformas a las que el organismo condicionará la reprogramación de los pagos, la política consistente que ha desplegado el FMI en sus relaciones con los Estados deudores es la consecución a rajatabla de objetivos fiscales de corto plazo. Este enfoque monetarista y fiscal ortodoxo, al erosionar el espacio fiscal y el margen de maniobra regulatoria de los Estados, ha llevado en numerosos países a la violación de derechos humanos, especialmente derechos económicos y sociales. ¿Qué sucederá esta vez en Argentina? ¿La pandemia forzará a cambiar de algún modo los criterios económicos y jurídicos a aplicarse en la negociación con el FMI? ¿Los derechos humanos serán puestos en un plano prominente? ¿Cuáles son los estándares de derechos humanos pertinentes? ¿Qué reformas económicas pro-derechos humanos podrían y deberían implementarse?

Con el fin de conformar una Sección Especial en el primer número de 2021 de la Redea,  invitamos a enviar artículos explorando la relación entre el FMI y los derechos humanos. Alentamos la propuesta de artículos que realicen estudios interdisciplinarios y con un enfoque de derechos. Sin intentar proponer un listado exhaustivo de posibles temas, además de las preguntas listadas en párrafo anterior, aquí se proponen algunos tópicos: ajuste y consolidación fiscal, reforma laboral, control de capitales, privatizaciones, reforma previsional, régimen tributario, condicionalidades y derechos humanos, democracia y FMI, transparencia y participación ciudadana, desigualdades, y perspectiva de género e IFIs.

 

 

Editores responsables: Juan Pablo Bohoslavsky y Francisco Cantamutto.

Se deberán enviar abstracts de los artículos propuestos antes del 15 de diciembre de 2020. Se informarán los abstracts seleccionados antes del 31 de diciembre, siendo la fecha de envío de los artículos completos el 28 de febrero de 2021. Las contribuciones serán sometidas al proceso de evaluación de pares en formato anónimo, de acuerdo a las normas editoriales de la revista.

Más información sobre la revista  y requisitos de los artículos: https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/about/submissions

Correos de contacto: juanpablobohos@gmail.com y fcantamutto@iiess-conicet.gob.ar