La incorporación como doctrina: observaciones para una teoría del error

Ricardo Andrés Marquisio Aguirre

doi:10.24215/25916386e028

Autores/as

Ricardo Andrés Marquisio Aguirre Facultad de Derecho-UDELAR

DOI:

https://doi.org/10.24215/25916386e028

Palabras clave:

Teoría de la incorporación-decisión judicial- moral y derecho-teoría del error, teoría de la incorporación, decisión judicial, moral y derecho, teoría del error

Resumen

En este artículo analizo el uso como argumento para resolver casos jurídicos de la idea de que la moral se incorpora al derecho a través de la mención de principios y derechos por las fuentes sociales. Luego de presentar una distinción entre la incorporación como teoría y la incorporación como doctrina, abordo esta última desde las categorías de la teoría del error. Tomando como ejemplo una decisión judicial basada en la doctrina de la incorporación, concluyo que esta constituye un error generalizado, en tanto es incompatible con la caracterización del sistema jurídico que presuponen sus referencias teóricas. Dejar de lado la doctrina de la incorporación constituiría una ganancia para la práctica jurídica, tanto en sinceridad como en responsabilidad democrática.

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Biografía del autor/a

Ricardo Andrés Marquisio Aguirre, Facultad de Derecho-UDELAR

Prof. Agregado de Filosofía y Teoría General del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de la República (FDER-UDELAR), Uruguay.

Citas

…no podemos concebir el derecho como un punto de vista válido normativamente que contraste con la moral. Quizás sea posible pensar en las razones de interés propio como un punto de vista distinto que contraste con el de la moral, pero eso, si es posible, lo es sólo porque se piensa que el propio interés constituye un fundamento de razones independiente de la moral. Pero no es igualmente posible pensar en el derecho como en un fundamento de razones independiente de la moral; dado que en buena parte es producto de los hombres, al menos los derechos jurídicos creados por estos vinculan a sus destinatarios sólo si los principios morales de legitimidad los hacen vinculantes (Raz, 2013: 199).