Organizaciones barriales y políticas públicas sobre géneros y disidencias sexuales: Origen e impacto del acceso a la justicia en tiempos del COVID-19, en La Plata y Gran La Plata

Resumen

Las luchas de los feminismos lograron que el Estado introduzca en sus agendas la problemática de las violencias por razones de género. En el año 2009, se sancionó la Ley de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales que implicó un cambio de paradigma: la violencia de género dejó de ser un “asunto privado” para ser de orden público. El Estado es el responsable de garantizar el derecho humano a una vida sin violencias. Asimismo, se han elaborado una serie de instrumentos legales, entre los que se destacan los tratados internacionales de derechos humanos en general y los tratados y principios específicos de protección, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Principios de Yogyakarta. Además, se sancionaron leyes nacionales y provinciales específicas. La expansión de los derechos de las cismujeres y LGBTTTIQ+ es producto no solo de la progresiva legitimación del discurso de los derechos humanos sino, también, de la constante movilización de las organizaciones transfeministas (Gerlero, 2010).

A partir de la crisis socio-sanitaria mundial que se generó por la pandemia del virus COVID-19, se modificó la vida cotidiana de lxs sujetxs
y las estructuras institucionales. La urgencia sanitaria requirió de una pronta respuesta desde la tecnología y modalidades a distancia. Las características de las medidas de prevención sanitarias profundizaron las dificultades ya existentes en el abordaje de las violencias por razones de género y en el acceso a la justicia de cismujeres y LGBTTTIQ+, y agregaron nuevos desafíos y problemáticas.
En los Barrios Populares, se generaron dispositivos de organización autogestivos que permitieron elaborar respuestas comunitarias y exigir demandas puntuales al Estado, entre ellas, la incorporación de representantxs de organizaciones en las mesas locales sobre género y la formación de promotorxs territoriales contra las violencias por razones de género. Estas herramientas de articulación son necesarias de analizar y valorizar como formas organizativas comunitarias que probablemente perduren en el tiempo y son producto de experiencias previas. Estas formas de participación política están basadas en la autonomía, descentralización y democracia participativa. Se busca dejar de ser un receptáculo de modelos y técnicas occidentales, para promover y consolidar líneas de trabajo propias y singulares, propias de cada territorio (Gerlero, 2018). El Estado que se constituye y rearma con relación al trato de la emergencia, lo hace interrogando las alertas construidas por las largas luchas democráticas, por la inventiva de la movilización popular y de los feminismos (María Paz López, 2020).