Presentamos la edición otoño de 2020, dándole la bienvenida a nuestras lectoras y lectores al número 15 de ReDeA, con las renovadas ganas de compartir con ustedes algunos sucesos jurídicos y sociales que, a nuestro entender, resultan importantes y han sucedido en los últimos tres meses en la Argentina, la región y nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La pandemia del Coronavirus (COVID-19) impregna todo lo que sucede en nuestra sociedad, y nuestra revista no es la excepción. La gravedad de la situación que estamos atravesando llevó a las autoridades públicas de todos los países a la imperiosa necesidad de adoptar medidas de excepción, como lo fueron en el caso de nuestro país la declaración de emergencia sanitaria, primeramente, y luego el establecimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En el caso del Poder Legislativo, hoy funciona en modalidad virtual pudiendo sancionar leyes y realizar las tareas de control de la actividad normativa del Poder Ejecutivo en situaciones de emergencia, encontrándose en pleno trámite la revisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados durante la crisis sanitaria (Ley N° 26.122, Art. 99, inciso 3,CN). Al inicio de la pandemia existía incertidumbre sobre la constitucionalidad de las sesiones a distancia, lo que llevo a la Presidenta del Senado a iniciar una acción judicial solicitando a la CSJN que habilite las sesiones virtuales. El Tribunal falló que el “Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada”

En cuanto al Poder Judicial, se han emitido un importante caudal de resoluciones y sentencias que se relacionan directa e indirectamente con la posible afectación de derechos por las medidas de aislamiento social dispuestas. Esto es cabal demostración del funcionamiento del control judicial de la actividad administrativa en nuestro país, estando garantizado el cumplimiento de las garantías judiciales reguladas constitucionalmente y por tratados internacionales de protección de Derechos Humanos vigentes.

Finalmente, todas las medidas de gobierno referidas a la crisis del coronavirus son informadas a la población en forma veraz y confiable, tanto a través del reporte oficial diario, respecto a la evolución de los datos epidemiológicos que brindan las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, como a las conferencias de prensa que realiza el Presidente de la Nación cuando se produce una novedad o modificación de las medidas de aislamiento social.

Por otro lado, la crisis sanitaria también afecta a la educación, como derecho fundamental y como una de las funciones indelegables del Estado. Como era de suponer, las medidas de aislamiento frente a la pandemia tuvieron un impacto directo en la educación universitaria y en sus tradicionales esquemas de funcionamiento. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (ámbito de creación y funcionamiento de nuestra publicación) no es una excepción a lo que acabamos de comentar. Miles de alumnos continuaron cursando sus materias de manera remota, otros tantos lograron graduarse de abogados y escribanos de manera online. Seguramente habrá habido errores, o cosas para ir mejorando, pues la pandemia no dejó tiempo para nada y se debió ir aprendiendo sobre la marcha. Desde aquí nuestro reconocimiento a los alumnos, docentes, no docentes, y autoridades por el esfuerzo y por seguir apostando a una universidad pública, inclusiva y de calidad académica.

Finalmente, queremos darle la bienvenida al Staff Editorial de ReDeA a la Profesora Stefanía Alba Nájera. Como siempre, nos despedimos hasta el próximo número (16), correspondiente a la primavera 2020, que saldrá a la luz el 21 de septiembre.

Publicado: 2020-07-16

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