¿Qué pasó con la plata de la Agencia I+D+i?
¿QUÉ PASÓ CON LA PLATA DE LA AGENCIA?
Destrucción de la Agencia I+D+i y posible desvío de fondos millonarios
Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología
21 de septiembre de 2025
La Agencia I+D+i es el principal organismo público en lo que respecta a la promoción de la investigación científica en Argentina. Según un informe recientemente publicado, se trata de la institución que registra la mayor caída en la ejecución presupuestaria de todo el sector (actualmente, tiene un 12,6% de la ejecución presupuestaria de 2023).
Lejos de explicarse por cuestiones de restricción presupuestaria, buena parte de los fondos sub ejecutados en la Agencia no provienen del Tesoro Nacional, sino de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o el Banco Mundial a través del BIRF. Dichos organismos destinan fondos en moneda extranjera para el financiamiento de proyectos de investigación y becas. En algunos casos, se trata de fondos no reembolsables, por lo que no constituyen deuda para nuestro país. Acorde a los reglamentos operativos de estos contratos, el dinero sólo puede ser utilizado para la función científica, y el incumplimiento tanto de este requerimiento como de los plazos de ejecución de los fondos somete a nuestro país a la posibilidad de pagar sanciones (lo que debería ser abonado con dinero público).
Pese a que los fondos están destinados al pago de becas y proyectos de investigación, van a cumplirse dos años sin el financiamiento de nuevos Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), y el estipendio de las becas del organismo no se actualiza desde mayo de 2024. Lejos de faltar recursos para actualizar ambos rubros, según estimaciones basadas en el Informe 142 presentado por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el colectivo de Becarixs Agencia —integrante de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología— calcula que el país recibió 46 millones de dólares de organismos internacionales, sobre los cuales no se tiene información respecto del destino que se les dio. A su vez, estiman que la Agencia podría tener acceso a otros 196 millones de dólares ya asignados para la función científica de nuestro país. Dichos fondos corresponden a los contratos BID 5293, BID 5759, BCIE 2161 y BIRF 9434. Esto se deduce de las respuestas 166, 476 a 480 y 1560 del mencionado informe.
Las sospechas sobre el uso irregular de estos fondos motivaron a Becarixs Agencia a presentar tres proyectos de acceso a la información ante las Cámaras de Diputados y de Senadores, y a acompañar una presentación ante la Justicia por parte de RAICyT para conocer qué destino se le dio al dinero. Respecto a este último recurso, la misma fue presentada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial y Cont. Administrativo Federal de La Plata 2, Sec. N° 5 (cód. 8139/2025). El juez de primera instancia, Ramos Padilla, dio dictamen favorable al pedido, instando al Estado a expedirse sobre el destino que se le dio a los fondos en el lapso de quince días hábiles. Sin embargo, el Gobierno apeló a esta sentencia, sumando suspicacias sobre las razones por las cuales se niegan sistemáticamente a decir qué pasó con ese dinero.
Mientras aguardan los resultados de la sentencia definitiva, quienes trabajan como becarias/os de la Agencia llevan 16 meses con su estipendio congelado por debajo de la línea de la pobreza. Desde febrero no perciben recibos de haberes, y perdieron su cobertura médica en buena parte del país. Complementariamente, la minimización de sus funciones impacta en el trabajo cotidiano del personal administrativo que durante años manejaron con solvencia profesional los recursos y gestionaron la múltiples convocatorias. Muchos de ellos ya decidieron cambiar su trabajo llevando a otra pérdida de recursos humanos altamente calificados. Ante esto, exigimos la recomposición inmediata de sus estipendios y la regularización tanto de los recibos de haberes y la cobertura de obra social de los becarios/as y la rejerarquización del todo su personal.
Además, instamos a las autoridades de la Agencia, Rita Cuevas y Natalia Avendaño, a dar cuenta del destino que se le dio a los fondos recibidos por organismos bilaterales, regularizando la convocatoria de los instrumentos de financiamiento de la Agencia y garantizando la institucionalidad del organismo. Su responsabilidad en el sospechoso manejo de fondos públicos multimillonarios las pone en la mira de posibles acciones judiciales.
El desguace de la Agencia no afecta únicamente al organismo sino que es parte del cientificidio en curso: implica un ataque al corazón del sector en su conjunto, que depende en gran medida del financiamiento administrado por esta institución.
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