El cientificidio avanza con militarización: una nueva Noche de los Bastones Largos

2026-07-06

El proyecto cientificida de Javier Milei avanza con armas y represión. La situación ya excede la pérdida de capacidades acumuladas y de recursos humanos producto de la asfixia presupuestaria: ha llegado al extremo de la militarización de los organismos científicos y tecnológicos de nuestro país. El objetivo es la destrucción del sistema científico-tecnológico nacional, privando a la sociedad de un modelo productivo y de desarrollo soberano donde la ciencia y la tecnología son fundamentales para lograr soluciones concretas a los problemas del país. Sin un sistema científico-tecnológico fortalecido, se compromete la capacidad de generar beneficios concretos y en sintonía con las necesidades locales y regionales: desde la generación de energía, el diagnóstico médico y su abordaje terapéutico, hasta el mejoramiento de cultivos y de las tecnologías de telecomunicaciones, pasando por la producción de electrodomésticos y medios de transporte seguros, desde el conocimiento de nuestra historia y cultura hasta las más diversas problemáticas sociales y humanas, todo está hoy siendo apuntado por el rifle del cientificidio.

Este nivel de destrucción de las capacidades del sistema científico-tecnológico argentino, que perpetra el Gobierno encontrando la resistencia de los trabajadores del sector, no puede llevarse a cabo más que con represión. Las escenas de la última semana dan cuenta de ello.

En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sus autoridades, representadas por el presidente del organismo Martín Porro y su equipo de trabajo, Felipe Randle e Ignacio Bruera, así como el gerente de Recursos Humanos, Alejandro Lemos, enviaron el 30 de junio 62 comunicaciones de despido a personas contratadas. Lo hicieron sin preaviso, y sin consultar a los jefes/as y la línea jerárquica de cada uno de los 62 empleados. Los trabajadores y trabajadoras se fueron convocando en la sede central para exigir explicaciones y la reincorporación de estos despedidos. También se concentraron en distintos centros y regionales del país. La respuesta de la presidencia fue bien clara: llenó el edificio de gendarmes equipados para reprimir, que empujaron y golpearon a compañeros y compañeras. El 1 de julio, mientras se realizaba un acto en la puerta de la sede central, nuevamente miembros de Gendarmería Nacional bloquearon los ingresos y no dejaron entrar a los trabajadores. Los compañeros y compañeras tuvieron que sacar sus pertenencias que habían quedado en las oficinas de la sede central por la ventana, porque la gendarmería no los dejaba volver a ingresar. El 2 de julio citaron a los cuatro gremios con actuación en CNEA (ATE, APCNEAN, ATCNEAN y UPCN) a una reunión con la presidencia. La recepción fue con tres camiones de gendarmería en el patio de la sede central y nuevamente una decena de gendarmes equipados hasta con escudos bordeando la puerta de la presidencia. Les hicieron dejar a los representantes los celulares antes de ingresar a la reunión.

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el proceso de vaciamiento también fue acompañado por una creciente militarización del organismo. En el predio del Parque Tecnológico Miguelete funciona actualmente un destacamento permanente de Gendarmería Nacional con alrededor de sesenta efectivos. En mayo, cuando las autoridades anunciaron una reestructuración que contempla el cierre de más de un centenar de sectores y cientos de despidos, trabajadores y trabajadoras fueron reprimidos dentro de las instalaciones, mientras el presidente del organismo abandonó el predio bajo custodia de la Gendarmería y no volvió a presentarse en la sede central. En las semanas posteriores, las autoridades profundizaron este esquema mediante el cierre del INTI a través de dispensas masivas y sin explicaciones, configurando un lockout patronal, y aprovecharon el desalojo del Centro INTI Salta para avanzar en el cierre de dependencias y en la modificación unilateral de las condiciones laborales. Al igual que en otros organismos del sistema científico-tecnológico, la intimidación, la presencia de fuerzas de seguridad y el disciplinamiento de las y los trabajadores forman parte de una estrategia destinada a facilitar el desmantelamiento de capacidades científicas y tecnológicas construidas durante décadas.

En CONICET, la interrupción laboral y la escalada violenta por parte de las fuerzas de seguridad no escapan a la situación general del sector. En la última semana, ante el reclamo por el cese de la Obra Social Unión Personal en buena parte del país, la inminencia de que 379 profesionales de la ciencia y la tecnología se queden sin trabajo, y el retraso en efectivizar a 1145 ingresantes a la Carrera de Personal de Apoyo y la Carrera del Investigador Científico, la comunidad se movilizó pacíficamente al Polo Científico Tecnológico y en distintos puntos a lo largo y ancho de Argentina. Ante la falta de respuestas del Ejecutivo del organismo y del Gobierno Nacional, la concentración en el Polo se mudó a uno de los carriles de la Avenida Santa Fe, donde fue reprimida por la policía de la Ciudad. En escenas cuyos únicos antecedentes se remontan a épocas en donde la democracia estaba interrumpida, las fuerzas violentaron a becarios, becarias e investigadores con golpes de puño directos en la cara de quienes, simplemente, defendían su salud y continuidad laboral. La pérdida de recursos humanos es continua: a las bajas por jubilación se suman las renuncias por el bajo salario, la degradación de los derechos laborales y la violencia institucional.

La violencia no es sólo física: también es económica. Quienes trabajan en la Agencia I+D+i bajo la modalidad de becas cumplieron este mes 26 meses de ingresos congelados por debajo de la línea de la pobreza. Desde febrero de 2025 no perciben recibos, lo que dificulta acceder a un alquiler o certificar ingresos frente a Migraciones para quienes provienen de otros países, y al igual que en CONICET, no cuentan con cobertura médica en buena parte del país. Esto convive con el hecho de que el Gobierno retiene 240 millones de dólares provenientes de organismos internacionales, cuyo destino específico es el financiamiento de becas y proyectos de investigación que, en este momento, están interrumpidos.

Por último, y quizá como una de las manifestaciones más preocupantes del deterioro que atraviesa el sistema científico nacional, resulta imposible omitir el progresivo desmantelamiento de la obra social Unión Personal. El cierre de oficinas en el interior del país, el absoluto silencio frente a los reclamos de los afiliados, las bajas compulsivas de afiliaciones, el creciente rechazo de los prestadores debido a los reiterados incumplimientos en los pagos y numerosas irregularidades adicionales han derivado en una situación crítica. Como consecuencia, investigadores/as, becarios/as y científicos/as de todo el país ven vulnerado su derecho al acceso a la salud, incluso en circunstancias de extrema gravedad, afectando a personas que requieren tratamientos oncológicos y otras prestaciones médicas impostergables. Negar o dificultar el acceso a la atención sanitaria en estas condiciones no constituye únicamente una deficiencia administrativa: implica una grave lesión al derecho fundamental a la salud y pone en riesgo la vida y la dignidad de quienes dedican su labor al desarrollo científico y tecnológico del País.

Lo que estamos viviendo es una larga Noche de los Bastones Largos, que está por cumplir ya tres años. Se han trascendido límites que creímos que jamás volveríamos a ver vulnerados desde el retorno de la democracia. Ante una comunidad que no está dispuesta a ver cómo perece un proyecto nacional de desarrollo productivo y de mayor soberanía, donde la ciencia y la tecnología es condición de posibilidad para poder llevarse a cabo, el avance cientificida sólo puede sostenerse con más violencia y represión. Ante las armas, seguiremos siendo escudo para la comunidad. No nos resignamos a que la historia científica y tecnológica de nuestro país termine hoy.

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Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología