Avances, tensiones y desafíos de la Ciencia Abierta en América Latina

Resumen

Este artículo analiza los avances, tensiones y desafíos de la ciencia abierta en América Latina, con énfasis en el caso ecuatoriano. La región ha sido pionera en acceso abierto mediante iniciativas colaborativas y comunitarias como SciELO, Redalyc, Latindex y LA Referencia, consolidando un ecosistema no comercial y regionalmente articulado. En Ecuador, hitos como la Constitución de 2008, el Código Ingenios (2016) y la co-creación de una política nacional de ciencia abierta reflejan un compromiso de su comunidad con la soberanía científica, la equidad epistémica y la democratización del conocimiento. Sin embargo, persisten retos estructurales: dependencia tecnológica, financiamiento limitado, hegemonía de métricas globales, débil institucionalización y tensiones entre apertura y protección de datos. Se concluye que la ciencia abierta latinoamericana, pese a sus obstáculos, ofrece un modelo alternativo y colaborativo para transformar la producción y circulación del conocimiento desde el Sur Global.

Introducción

En las últimas décadas, América Latina se ha destacado por promover modelos innovadores de acceso abierto, ciencia abierta y ciencia ciudadana como parte de un movimiento global hacia la democratización del conocimiento científico. Esta noción del conocimiento como bien común se ha desarrollado en América Latina con características propias, respaldadas por políticas públicas y redes regionales sólidas (D’Onofrio et al, 2024), estrechamente vinculadas a demandas históricas por soberanía científica, equidad epistémica y democratización del conocimiento.

La ciencia abierta se ha consolidado como un eje central de debate y acción en los sistemas científicos a nivel global, al proponer una transformación profunda en las formas de producir, evaluar y comunicar el conocimiento. A diferencia de otros contextos, la región ha desarrollado tempranamente modelos colaborativos y no comerciales de acceso abierto, así como redes e infraestructuras compartidas, que han posicionado a América Latina como un referente internacional en la construcción de ecosistemas abiertos desde el Sur Global.

Sin embargo, junto con estos avances, la implementación de la ciencia abierta en la región enfrenta tensiones estructurales persistentes. Estas tensiones se manifiestan de manera diferenciada en cada país y revelan que la ciencia abierta no puede reducirse a un conjunto de prácticas técnicas o normativas, sino que implica disputas políticas, culturales y epistémicas en torno al sentido mismo de la ciencia y su función social. En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar los avances, tensiones y desafíos de la ciencia abierta en América Latina, con énfasis en el caso de Ecuador.

El texto se organiza en cuatro apartados principales. En primer lugar, se aborda el desarrollo histórico de la ciencia abierta en América Latina. En segundo lugar, se examina el caso ecuatoriano, revisando sus principales hitos normativos, institucionales y comunitarios en materia de ciencia abierta. En tercer lugar, se analizan las tensiones y desafíos estructurales aplicables tanto para América Latina, como el caso de Ecuador. Finalmente, el artículo cierra con una reflexión que plantea la necesidad de fortalecer un modelo de ciencia abierta contextualizado, colaborativo y con identidad latinoamericana.

Ciencia abierta en América Latina: un rol articulador de soberanía, equidad y democratización

Históricamente, América Latina ha perseguido la apertura del conocimiento como vía para fortalecer su soberanía científica y la equidad en el acceso a la ciencia. Mucho antes de que el “acceso abierto” se convirtiera en un término popular a nivel global, la región impulsaba el acceso abierto a la literatura científica. Esta tradición pionera en acceso abierto se remonta a finales de los años ‘90, anterior al nacimiento formal del movimiento global de acceso abierto en la Iniciativa de Budapest (2002).

Iniciativas emblemáticas como SciELO (1997), Redalyc (2003), Latindex (1995), establecieron plataformas cooperativas para difundir revistas latinoamericanas con estándares de calidad, asegurando su disponibilidad libre y gratuita (Ramírez y Samoilovich, 2021). Estos proyectos no sólo aumentaron la visibilidad de la ciencia regional, sino que consolidaron la idea de que el conocimiento financiado con fondos públicos debe circular como bien público. De hecho, Redalyc desde sus inicios abrazó un modelo sin fines de lucro y, hacia 2019, reforzó su compromiso con el modelo diamante como única estrategia viable de acceso abierto, garantizando que las revistas en su plataforma no cobren APCs¹ a los autores (Becerril-García y Córdoba González, 2021).

Esta iniciativa enfatiza explícitamente que el conocimiento científico es un bien común y que el acceso abierto solo tendrá sentido acompañándose de métricas responsables y una evolución de los sistemas de evaluación que valore la calidad intrínseca de la investigación por encima de la reputación de la revista donde se publica (Ramírez y Samoilovich, 2021).

Asimismo, se aboga por reconocer la diversidad de revistas y detener presiones homogeneizadoras, respetando las distintas dinámicas de producción de conocimiento, especialmente en ciencias sociales y humanidades, e impulsando la inclusión de la ciencia local y la diversidad lingüística por el bien común. Esta postura regional, materializada en la iniciativa AmeliCA, una alianza lanzada en 2018 por Redalyc, CLACSO con apoyo de UNESCO e impulsada por universidades de la región, se convirtió en el “contrapunto regional” a los planes globales que surgieron para ese entonces como Plan S, privilegiando un ecosistema de ciencia abierta público, colaborativo, sostenible y no comercial acorde a las necesidades del Sur Global.

Por otro lado, la región ha construido infraestructuras compartidas que fortalecen su independencia tecnológica en ciencia abierta. La red federada LA Referencia (2012), interconecta repositorios institucionales de 11 países latinoamericanos (más España), permitiendo el acceso abierto a millones de publicaciones académicas como un bien público regional, sustentado por acuerdos de cooperación gubernamental (Rico-Castro y Bonora, 2023). Se ha consolidado como el principal nodo regional de acceso abierto, demostrando la capacidad de la región para cooperar técnicamente y reducir la dependencia de servicios foráneos en la gestión de la información científica.

Del mismo modo, iniciativas como Latindex, y la adopción de tecnologías abiertas, por ejemplo, el software de repositorio DSpace o el gestor de revistas OJS, creado por el PublicKnowledge Project, promovido en la región por el IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) desde 2003, han contribuido a construir una infraestructura abierta propia de Latinoamérica (Rico-Castro y Bonora, 2023). Esto refleja una búsqueda de soberanía tecnológica: la ciencia abierta latinoamericana no quiere depender exclusivamente de plataformas comerciales del Norte, sino desarrollar sus propias herramientas interoperables, adaptadas al idioma y contexto local.

La ciencia abierta también ha adquirido un rol articulador de mayores demandas sociales y epistémicas en la región. El énfasis en participación y colaboración abre la puerta a incluir más voces en el proceso científico. La ciencia ciudadana, concebida desde nuestra región como la participación activa de personas no científicas en etapas del proceso de investigación, se promueve como un medio para democratizar la agenda científica y hacerla más pertinente a las necesidades comunitarias (Ramírez y Samoilovich, 2021). En América Latina, donde existe una larga tradición de investigación-acción participativa, estas prácticas de involucramiento ciudadano conectan con aspiraciones de democratización del conocimiento y con las luchas por el diálogo de saberes (integración de conocimientos indígenas, campesinos, locales) (D’Onofrio et al, 2024).

La ciencia abierta ha sido adoptada en la región como bandera política que articula reclamos de larga data: mayor autonomía en la definición de qué y cómo se investiga (soberanía científica), equidad en quiénes producen y acceden al conocimiento (equidad epistémica), y una ciencia orientada al bien público (democratización).

A diferencia de Europa y Norteamérica, donde el acceso abierto surgió en parte como respuesta a la “crisis de las suscripciones” y los altos costos de las revistas, en América Latina el impulso inicial estuvo más relacionado a la baja visibilidad internacional de la producción científica regional y, a las oportunidades que ofrecía Internet para difundir el conocimiento local (Swan, 2013). En otras palabras, mientras en el Norte global se enfatizaba el libre acceso para sortear barreras económicas, en América Latina se buscaba “poner en el mapa” la ciencia latinoamericana, tradicionalmente marginada de los principales índices internacionales.

América Latina vivió una primera etapa (décadas de 1990 y 2000) de creación de infraestructura de publicaciones abiertas: revistas y portales regionales; y declaraciones de principios, seguida de una segunda etapa (en la década siguiente) de institucionalización mediante políticas públicas: redes de repositorios y leyes nacionales. Todo ello, derivando a una tercera etapa (desde el 2019) consolidando un ecosistema latinoamericano de acceso abierto reconocido internacionalmente por su amplitud y cooperativismo, rescatando la esencia del acceso abierto y la ciencia abierta conforme al Ethos de la ciencia. En esta etapa, la reforma de la evaluación académica en la región se convierte en un foco de atención, con iniciativas como FOLEC-CLACSO².

Sin embargo, en esa evolución no se quedan atrás las tensiones y desafíos que van abriendo brechas en las prácticas científicas con importante impacto en la ética y credibilidad del sistema científico. El centro de todo, los modelos de evaluación.

El caso de Ecuador: políticas e iniciativas hacia una ciencia abierta

Ecuador ejemplifica muchas de las dinámicas descritas, con avances normativos ambiciosos pero también tensiones en la implementación. Desde el 2004, el país ha construido gradualmente un marco institucional y legal propicio al acceso abierto, sentando las bases para transitar hacia la ciencia abierta, iniciando desde la Ley Orgánica de Transparencia de la Información Pública (LOTAIP).

Un hito importante fue la Constitución de 2008, que reconoció por primera vez el “derecho a gozar de los beneficios del progreso científico”³ . Este mandato constitucional consagra el acceso al conocimiento y la participación en la actividad científica como derechos de los ciudadanos, estableciendo un fundamento para tratar la ciencia y sus resultados como bienes públicos.

Bajo este paraguas, se promulgó en el 2010 la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la cual introdujo obligaciones explícitas de acceso abierto académico⁴. La LOES requirió que todas las universidades depositaran los trabajos de titulación en formato digital en un sistema nacional, fomentando su difusión pública. Adicionalmente, incentivó a las instituciones de educación superior a participar en redes de repositorios y bibliotecas digitales de acceso abierto, tanto a nivel nacional como internacional.

Esta normativa impulsó la creación de repositorios institucionales en las universidades ecuatorianas, marcando el despegue del acceso abierto en el país. Como resultado, poco después se conformó la Red de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador (RRAAE), en convenio entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y la red académica CEDIA (Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y Academia). La RRAAE integró decenas de repositorios universitarios bajo estándares comunes, alineándose con la iniciativa LA Referencia, de la cual Ecuador es miembro fundador, para asegurar la interoperabilidad regional.

Otro hito importante fue la aprobación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI), conocido coloquialmente como “Código Ingenios”⁵. Este cuerpo legal transformó integralmente el ecosistema de propiedad intelectual, en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación del país, incorporando principios del movimiento Buen Conocer⁶ en la legislación (Bauwens, 2015).

El COESCCI reconoce al conocimiento como un bien de interés público y garantiza derechos de acceso abierto a la información científica. En particular, su artículo 116 estipula que “los datos e información de investigaciones financiadas con recursos públicos deben ser de acceso abierto”, obligando a las instituciones a ponerlos a disposición mediante herramientas digitales, salvo excepciones de seguridad nacional o propiedad intelectual estratégica. El espíritu de la ley concibe el acceso al conocimiento como un derecho. También fomenta el uso de licencias abiertas al disponer en el art. 114 que las universidades y centros de investigación tienen una licencia no exclusiva para usar, con fines académicos, las obras resultantes de investigaciones financiadas, incluso sin permiso expreso del autor.

El Código además impulsa el acceso abierto a herramientas digitales: su art. 147 establece que el software desarrollado o adquirido con fondos estatales debe compartirse en un repositorio público, promoviendo el uso de software libre. El COESCCI materializó muchos postulados de la filosofía de conocimiento abierto “Buen Conocer” en el marco jurídico ecuatoriano, constituyéndose hasta hoy en la norma más extensa e integral sobre ciencia, tecnología e innovación en el país.

La SENESCYT, organismo rector de la política científica, jugó un papel catalizador impulsando la implementación de repositorios abiertos en las universidades. Además, impulsó la adopción de SciELO-Ecuador como colección nacional de revistas de acceso abierto. En el ámbito de la sociedad civil, surgieron redes colaborativas como la Red de Investigación de Conocimiento, Software y Hardware Libre (RICHSL), establecida en 2017 por académicos y activistas, registrada oficialmente por SENESCYT en 2018, y la Fundación Openlab Ecuador (OpenlabEC), ONG local nacida en 2020, experta en conocimiento abierto. La RICHSL y OpenlabEC han organizado talleres, hackathones y eventos de divulgación, creando comunidad en torno a la ciencia abierta. Bajo el paraguas de la RICHSL nació en el 2019 el Grupo de Trabajo de Ciencia Abierta, que desde entonces realiza las jornadas “Descubriendo la Ciencia Abierta” junto con OpenlabEC, espacio virtual de formación e intercambio nacional y regional.

Estas experiencias muestran la importancia de enfoques colaborativos y comunitarios, para construir un ecosistema donde universidades, gobierno y sociedad civil co-crean la ciencia abierta.

Más recientemente (2022-2024), Ecuador ha vinculado la ciencia abierta a la agenda de Gobierno Abierto. En 2018 el país se adhirió a la Open Government Partnership⁷, lo que derivó, dentro del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA 2022-2024) el Compromiso 15 orientado a la co-creación de una Política Nacional de Ciencia Abierta e Investigación Estratégica⁸. Este compromiso, inspirado en experiencias previas de Brasil, fue liderado por OpenlabEC en conjunto con la SENESCYT, convocando a un grupo núcleo conformado por 120 personas de la academia, gobierno y sociedad civil para trabajar participativamente en la política.

La propuesta de política resultante abarca componentes amplios: fortalecimiento de repositorios e infraestructura compartida, apertura de datos de investigación, promoción de software libre, impulso de la ciencia ciudadana, reconocimiento del diálogo con otros sistemas de conocimiento (saberes ancestrales) y, de manera transversal, la transformación de los sistemas de evaluación de la investigación hacia criterios más abiertos y pertinentes socialmente (Cornejo y Silva-Garcés, 2024).

Esta iniciativa pone énfasis en la evaluación responsable y el respeto a la diversidad epistémica, evidenciando que Ecuador busca alinear su política con los principios globales de la ciencia abierta, pero desde las prioridades locales. El proceso en sí mismo marcó un hito importante: promover y desarrollar una propuesta de política desde la sociedad civil, y la academia para institucionalizar la ciencia abierta y hacerlo mediante un modelo participativo, colaborativo y con enfoque de derechos.

La experiencia ecuatoriana muestra que la adopción de la ciencia abierta es un proceso complejo, que requiere cambios culturales e institucionales profundos que toman su tiempo para llegar a consolidarse plenamente. Hacia marzo de 2026, la propuesta de política, mencionada antes, aún reposa en manos de las autoridades sin un claro avance hacia su emisión e institucionalización.

Tensiones y desafíos en la implementación de la ciencia abierta

A pesar de los avances notables, la consolidación de la ciencia abierta en América Latina y en Ecuador, enfrenta tensiones estructurales y desafíos que deben ser abordados. Estas tensiones provienen tanto de inercias en los sistemas de ciencia tradicionales como de presiones externas del entorno global. A continuación, se mencionan algunas de las principales:

Dependencia tecnológica y financiamiento insuficiente: Si bien la región ha desarrollado infraestructuras propias, persiste una dependencia de tecnologías y recursos del Norte en ciertos aspectos. Por ejemplo, gran parte de la comunicación científica global sigue centralizada en plataformas comerciales (editoriales multinacionales, bases de datos de pago) cuyo modelo no siempre se alinea con la visión abierta y pública latinoamericana. La alternativa regional, un ecosistema no comercial de ciencia abierta, requiere sostenibilidad financiera y soporte político continuo. Iniciativas como LA Referencia o AmeliCA han dependido de la cooperación internacional y de aportes públicos de los países; su consolidación a largo plazo demanda inversiones nacionales estables. Un riesgo latente es que la falta de recursos propios lleve a adoptar soluciones “enlatadas” de proveedores comerciales que reproducen la dependencia: pagos a editoriales por acuerdos transformativos o uso de plataformas privativas. Algunos países y universidades han caído en ello (UNAM, México; Pontificia Universidad Católica de Chile)⁹

Superar esta tensión implica que los gobiernos y universidades de la región prioricen financiamiento para las infraestructuras abiertas locales, reconociendo que éstas son estratégicas para la soberanía científica y que, mantener y escalar estas infraestructuras exigirá recursos humanos y financieros permanentes.

Hegemonía de métricas e incentivos globales desalineados: Uno de los obstáculos más citados y centrales es la persistencia de sistemas de evaluación académica basados en métricas globales (factor de impacto, indexación en Web of Science/Scopus, rankings internacionales) que suelen ignorar o devaluar la producción local de acceso abierto. En casi todos los países latinoamericanos, la carrera académica y la asignación de fondos de investigación se vinculan esencialmente con publicar en revistas de “alto impacto” internacional, generalmente anglófonas y de acceso restringido, lo que crea un incentivo perverso contrario a la ciencia abierta. De esto deriva un creciente patrón de malas prácticas a causa de la carrera por sumar puntos para subir el escalón de categorización investigador y docente.

Esta “hegemonía” de las métricas globales conduce a resistencias internas: investigadores que perciben el acceso abierto o las revistas locales como de menor calidad pueden mostrarse reticentes a depositar sus trabajos en repositorios o a publicar en revistas regionales, por temor a afectar su evaluación o “reputación”. En este sentido, AmeliCA ha destacado que el acceso abierto no tiene futuro sin una evolución en los sistemas de evaluación de la investigación (Ramírez y Samoilovich, 2021), abogando por métricas responsables que valoren la calidad y el impacto social de la ciencia sobre la base de sus méritos, no del lugar de publicación. Este llamado refleja la urgente necesidad de reformar los sistemas de evaluación en la región. Algunos pasos iniciales se han dado: en 2022 un grupo de países y organizaciones latinoamericanas suscribió la declaración “Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con impacto” (FOLEC-CLACSO, 2022), alineada con principios de la Declaración de San Francisco (DORA) y el enfoque de evaluación cualitativa.

Sin embargo, la implementación concreta en universidades, cambiar criterios de promoción docente, avanza lento. En Ecuador, la propuesta de política de ciencia abierta enfatiza transformar el sistema de incentivos académicos para que reconozca prácticas de ciencia abierta, colaboración y aportes locales, pero ello requerirá voluntad política y coordinación entre agencias de acreditación, financiamiento (SENESCYT, CACES, CES, CEDIA) y las propias instituciones de educación superior.

Institucionalización débil y brechas normativas: Aunque varios países latinoamericanos cuentan ya con leyes o políticas de acceso abierto (Argentina 2013, México 2014, Perú 2013, Colombia 2022), la traducción de estas normas en práctica efectiva ha sido desigual. En algunos casos, la ausencia de reglamentos claros o de organismos responsables ha limitado su impacto. Por ejemplo, Perú promulgó una Ley de repositorios en 2013, pero por años mostró pocos avances en instrumentos para hacerla cumplir. En Ecuador, a pesar de la existencia del COESCCI desde 2016, no fue hasta 2022-2024 que se emprendió la formulación de una política pública específica de ciencia abierta, que aún no es emitida por las autoridades. Esto evidencia un rezago de casi una década entre la visión legal y su operativización. Asimismo, muchas universidades carecen aún de políticas institucionales de acceso abierto o ciencia abierta robustas, o las tienen solo en papel. La falta de capacitación y conciencia dentro de la comunidad científica e institucional también es un factor altamente relevante: adoptar nuevas prácticas (gestión de datos abiertos, uso de licencias, ciencia ciudadana, etc.) requiere un cambio cultural que toma tiempo.

Sin mecanismos de monitoreo, incentivos positivos y programas de formación, las políticas pueden quedar como letra muerta. Otro aspecto es la articulación interinstitucional: la ciencia abierta es transversal a múltiples sectores: academia, gestión de datos gubernamentales, educación, salud, TIC. La débil coordinación entre ministerios o agencias puede resultar en esfuerzos dispersos. Algunos avances positivos: en Ecuador la Política de Datos Abiertos Gubernamentales (MINTEL, 2020), la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales LOPDP (2021) y la reformada LOTAIP (2023) establecen lineamientos que, bien implementados, complementan la agenda de ciencia abierta al normalizar la publicación de datos públicos y garantizar privacidad en datos de investigación. Sin embargo, la integración plena de estas piezas normativas en una estrategia cohesiva es todavía incipiente, fundamentalmente por desconocimiento.

Tensiones entre apertura y protección (datos sensibles, propiedad intelectual): Un desafío transversal es equilibrar la apertura del conocimiento con la protección de derechos legítimos, como la privacidad de datos personales, la seguridad nacional o los conocimientos tradicionales de comunidades. La ciencia abierta promueve la transparencia y el compartir datos, pero esto debe hacerse respetando marcos éticos y jurídicos. La LOPDP en Ecuador impone salvaguardas que obligan a anonimizar o restringir la difusión de datos personales en repositorios de investigación. Asimismo, los investigadores deben explorar consideraciones sobre propiedad intelectual: aunque el COESCCI favorece licencias abiertas, persisten culturas de secrecía o temor a liberar información por posibles usos indebidos o fundamentalmente por desconocimiento e incomprensión de las normas legales.

Superar estas tensiones requiere desarrollar capacidades en gestión de datos, lineamientos claros sobre datos sensibles y convencimientos de que la apertura bien aplicada no colisiona con los derechos de autores o sujetos de investigación. Instrumentos internacionales como las directrices CARE¹⁰ para datos indígenas (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics) ofrecen marcos para compartir datos con respeto a comunidades, apuntando a una apertura con justicia epistémica. Integrar dichos principios será crucial en contextos latinoamericanos con poblaciones indígenas y saberes tradicionales, para que la ciencia abierta no implique extractivismo de conocimiento sino colaboración respetuosa.

Riesgo de reproducir desigualdades internas: Es importante señalar que dentro de la propia América Latina existen brechas, entre países con más inversión en CTI vs. menos, entre instituciones élite vs. periféricas, entre disciplinas “duras” vs. sociales. Sin atención deliberada, la ciencia abierta podría avanzar más rápido en ciertos nichos y dejar atrás a actores con menos recursos. Es decir, la capacidad de una universidad pequeña para mantener un repositorio puede ser menor que la de una universidad grande, lo que demanda esquemas cooperativos de apoyo. Iniciativas regionales precisamente buscan subsanar esto: AmeliCA ofrece plataforma compartida para revistas de universidades pequeñas. La colaboración regional y solidaridad es clave para que la ciencia abierta no ensanche la brecha entre centros de excelencia y el resto, sino que democratice verdaderamente la ciencia dentro de nuestros países.

Las tensiones mencionadas apuntan a que la ciencia abierta no prosperará automáticamente con solo decretos o plataformas, sino que requiere una transformación deliberada de los entornos académicos y de política científica. Los principios de AmeliCA ya enfatizan la necesidad de estos cambios sistémicos: nuevos criterios de evaluación, financiamiento público coherente con el bien común, trabajo cooperativo, respeto a la diversidad de formatos e idiomas.

Conclusiones

La ciencia abierta en América Latina se perfila como un proyecto transformador, cargado de promesas pero también de desafíos. Ha servido como vehículo articulador de reivindicaciones históricas: la noción de que el conocimiento científico debe ser un bien común accesible para todos está íntimamente ligada a la búsqueda de soberanía científica, al romper dependencias coloniales en la comunicación académica; está vinculada a la equidad epistémica, al dar visibilidad a la ciencia local, en nuestros idiomas y contextos, y al validar diferentes formas de conocimiento; y realiza el ideal de democratización del conocimiento, acercando la ciencia a la sociedad, ya sea mediante el acceso abierto a publicaciones, los datos abiertos o la participación ciudadana en la investigación.

En países como Ecuador, estos principios han pasado del discurso a la acción, con innovaciones jurídicas pioneras, infraestructuras cooperativas y experimentos participativos que muestran un camino posible desde el Sur Global hacia una ciencia más abierta y justa.

La ciencia abierta en América Latina enfrenta tensiones estructurales, como la dependencia de métricas comerciales, brechas de recursos y falta de implementación efectiva, que requieren reformas profundas en incentivos académicos, financiamiento, plataformas propias y formación en prácticas abiertas. Superarlas demanda voluntad política, cooperación multiactor y un cambio cultural impulsado desde gobiernos, universidades, científicos, sociedad civil y sector productivo.

Si se logra consolidar y fortalecer en América Latina una orientación estratégica compartida de cooperación y compromiso social, habrán condiciones para liderar un modelo de ciencia abierta con identidad latinoamericana: colaborativa, equitativa, multilingüe, no comercial y orientada al bien común. De este modo, el acceso abierto y la ciencia abierta se proyectan como medios para construir una sociedad del conocimiento inclusiva y humanizada, donde América Latina, puede demostrar que es posible una ciencia distinta, socialmente consciente y soberana.

Referencias

Bauwens, M. (2015). A new evaluation of the FLOK experience in Ecuador: What’s next? CSG. https://commonsstrategies.org/a-new-evaluation-of-the-flok-experience-in-ecuador-whats-next/ ↑

Becerril-García, A. y Córdoba González, S. (2021). Conocimiento abierto en América Latina. Trayectorias y desafíos. CLACSO, Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.clacso.org/conocimiento-abierto-en-america-latina/ ↑

Cornejo, A. y Silva-Garcés, F. (2024). Propuesta comunitaria para la Política Nacional de Ciencia Abierta de Ecuador. En Openlab Ecuador. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14908237 ↑

D’Onofrio, G., Arza, V. y Actis, G. (2024). Ciencia ciudadana en América Latina: Perspectivas y políticas públicas. UNESCO, CLACSO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388986 ↑

Ramírez, P. A. y Samoilovich, D. (2021). Ciencia Abierta en América Latina. En UNESCO. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/277344 ↑

Rico-Castro, P. y Bonora, L. (2023). Políticas de acceso abierto en América Latina, el Caribe y la Unión Europea: avances para un diálogo político. En Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://www.clacso.org/nueva-publicacion-de-la-comision-europea-sobre-politicas-de-acceso-abierto-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea-avances-para-un-dialogo-politico/ ↑

Swan, A. (2013). Directrices para políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto. En UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222536 ↑

Notas

1 APC (Article Processing Charge) es un cargo o tarifa que cobran las editoriales comerciales a los autores para que sus artículos científicos sean de acceso abierto (gratuito para el lector).

2 Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). (30 de mayo de 2022). Declaración de Principios del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC). https://www.clacso.org/declaracion-de-principios-del-foro-latinoamericano-de-evaluacion-cientifica-folec/

3 Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporado como art. 25 de la Constitución.

4 Ley Orgánica de Educación Superior de Ecuador, LOES. (2010). Asamblea Nacional. https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-educacion-superior-loes

5 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador. (2016). Asamblea Nacional. https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57698

6 El proyecto Buen Conocer/FLOK Society fue una iniciativa impulsada en Ecuador para diseñar políticas públicas hacia una economía social del conocimiento, común y abierto. https://book.floksociety.org/ec/el-proceso-buen-conocer-flok-society/

7 Open Government Partnership (OGP), es una iniciativa internacional que busca garantizar que los gobiernos promuevan la transparencia, la lucha contra la corrupción, la participación, la gobernanza, el libre acceso a la información pública. https://www.opengovpartnership.org/

8 Gobierno Abierto Ecuador. (23 de febrero de 2023). Acta de compromiso: C15 “Cocreación de la política nacional de ciencia abierta e investigación estratégica” del 2do Plan de Acción de Gobierno Abierto. https://zenodo.org/records/14866707

9 Acuerdos Transformativos (AT) para publicar en acceso abierto en revistas de investigación, sin costo adicional. https://digitalab-ssie.unam.mx/acuerdos Bibliotecas UC suma dos nuevos acuerdos transformativos para publicar en abierto. https://cienciaabierta.uc.cl/noticias/bibliotecas-uc-suma-dos-nuevos-acuerdos-transformativos-para-publicar-en-abierto-ciencia-abierta/

10 Global Indigenous Data Alliance (GIDA). (2019). CARE Principles for Indigenous Data Governance. https://www.gida-global.org/care