Ciencia, tecnología y terrorismo de Estado en la Argentina (1976-1983)

Resumen

Este artículo reconstruye el impacto internacional de las prácticas de terrorismo de Estado que la última dictadura cívico-militar en la Argentina (1976-1983) desplegó sobre el sector de ciencia y tecnología. Asimismo, se analizan los efectos de la violencia estatal en las culturas organizacionales, agendas, modos de inserción sectorial y el sentido socioeconómico de sus actividades, en tres instituciones de ciencia y tecnología de Argentina: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (CONICET). Se concluye que la herencia económica de la última dictadura está vigente y se expresa en un régimen de valorización financiera que desarrolló una modalidad de extractivismo financierizado incompatible con las propias nociones de democracia y soberanía y con la demanda nacional de ciencia y tecnología.

Introducción

La última dictadura cívico-militar (1976-1983) se propuso la clausura de la Argentina industrial y la imposición de un patrón de acumulación con base en la valorización financiera, la apropiación de bienes públicos por el bloque de poder económico, la eliminación de las organizaciones sindicales y el disciplinamiento del campo popular. Esta transformación tectónica de la estructura socioeconómica, que Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo calificaron de revancha clasista, fue el punto de llegada de la Doctrina de Seguridad Nacional, que EEUU implantó en la región durante la década de 1960.

Este plan de reseteo social y económico montó un dispositivo de disciplinamiento y control social basado en prácticas represivas y delictivas. Se materializó en una estructura de enclaves institucionales clandestinos de encarcelamiento, secuestro, tortura, desaparición de personas, apropiación de bebés, secuestros extorsivos, saqueo de propiedades y robo de pertenencias de las víctimas. Estas prácticas recibieron la cobertura de un marco jurídico de excepción, que se consolidó entre fines de 1974 y 1976, además de la colaboración activa de grupos empresarios locales.¹

Las consecuencias devastadoras sobre el sector de ciencia y tecnología (CyT) no se limitan al terrorismo de Estado y a sus objetivos ideológicos y de seguridad. El discurso de lucha contra “la subversión” y “el terrorismo”, la preservación de las “fronteras ideológicas”, y la defensa de “los valores occidentales y cristianos” también fue funcional a la transformación compulsiva e irreversible de culturas institucionales de CyT, alterando el propio sentido socioeconómico de sus actividades.

En este artículo se reconstruye el impacto internacional del terrorismo de Estado, que la última dictadura cívico-militar en la Argentina desplegó sobre el sector de ciencia y tecnología y se analizan los efectos de la violencia estatal en las culturas organizacionales, agendas, modos de inserción sectorial y el sentido socioeconómico de sus actividades, en tres instituciones de ciencia y tecnología de Argentina: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (CONICET).

Difusión en el ámbito internacional

Los primeros registros sobre detenciones ilegales o desapariciones de científicos y tecnólogos se remontan a comienzos de abril de 1976 en el ámbito de la Embajada de EEUU. Se trata de información confidencial —hoy desclasificada— sobre cesantías y arrestos en el INTA y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismos que estaban en manos de interventores de la Armada. Casi simultáneamente, también comienzan a circular en el ámbito internacional denuncias de detenciones ilegales y desapariciones de científicos.

Un memorándum del agregado Agrícola de EEUU en Argentina al embajador de EEUU en este país, del 8 de abril de 1976², relata un encuentro con un funcionario argentino que le habló de trabajadores, delegados sindicales y profesionales de la sede del INTA en la localidad de Castelar, “alrededor de 13 o 15 empleados”, que “fueron despedidos como parte de la purga gubernamental generalizada contra los llamados ‘subversivos’”. Mencionaba a siete exonerados de la “Sección de Estudios Económicos de Agricultura”, “que fueron levantados de sus escritorios por las fuerzas de seguridad y llevados a prisión en un colectivo”. Tres de los arrestados “habían recibido entrenamiento en EEUU bajo el patrocinio de la Fundación Ford”. Cuatro días más tarde, un telegrama de la Embajada de EEUU al Departamento de Estado, con el título “Despidos y arrestos en institutos tecnológicos argentinos”³, sostenía, refiriéndose al INTI y al INTA, que: “La Embajada tiene conocimiento de que delegados de la Junta Militar han despedido a un número significativo de personal […]. Además, se han producido arrestos en ambas organizaciones”. El mismo texto sostiene que el número de despidos ronda 180 de 6000 empleados en el INTA y que se estima en 20 el número de arrestos, principalmente en Castelar. Escrito a mano, al final del documento, se lee que en el INTI, el número de despidos es alrededor de 40 sobre 300 empleados y que “hemos escuchado de un caso de arresto” y “se esperan otros despidos”.

Casi tres meses después, las revistas científicas de mayor circulación internacional comienzan a mostrar la escalada de la violencia represiva. En la edición del 22 de julio de la revista británica Nature se publica una carta firmada por setenta científicos italianos titulada “Plea for Argentinians”. Allí se menciona la Ley 21.274 de “Prescindibilidad”, del 29 de marzo, y se explica: “Esta ley ha sido la base para expulsar a los disidentes políticos de las universidades y otras instituciones científicas, principalmente en Buenos Aires y La Plata”. Las instituciones más afectadas eran el CONICET, los institutos dependientes de la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos y el INTA. “No menos de 550 personas han perdido su empleo: biólogos, físicos, químicos, médicos, arquitectos, técnicos y funcionarios, algunos de ellos con 20 años o más de servicio”, se detalla. El texto también se refiere a dos noticias aparecidas en el diario La Opinión sobre 90 despidos en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación. También menciona los dichos de Horacio Encabo, vicedirector del Centro de Investigaciones Neurológicas Torcuato Di Tella, que expresaba “los riesgos para el desarrollo de Argentina de una política científica inspirada en el criterio: ‘quien no es occidental y cristiano es subversivo”⁴. Y explicaba que Encabo fue dejado cesante cinco días más tarde. Esta carta es precedida por un texto de los editores de Nature, que emplea una retórica de supuesta equidistancia ideológica⁵. El texto sostiene que “cuando el general Videla llegó al poder, existía una esperanza genuina de que pudiera actuar contra el terrorismo”. Incluso, “ha tenido éxito porque el terrorismo de la izquierda se ha controlado con firmeza”. Sin embargo, “las actividades de la derecha no parecen haberse frenado significativamente”. Por el contrario, se observa una “desconcertante variedad de organismos de seguridad que compiten entre sí” y “divisiones dentro de las fuerzas armadas agravan la situación”. ¿Organismos de seguridad que compiten entre sí? ¿En qué compiten y por qué?

Un mes más tarde, Nature publicó un extenso contrapunto a la carta de los 70 científicos italianos. Su autor, el astrofísico Hugo Levato, que realizaba una estadía en el Kitt Peak National Observatory, en Tucson (Arizona), becado por CONICET, sostiene:

La subversión en la Argentina se podría encontrar en cada departamento e institución del gobierno. Los subversivos no son sólo los que ponen bombas; también son aquellos que apoyan a la ‘guerrilla’ en diferentes formas, aquellos que roban el dinero público y aquellos que usan el poder para su propio beneficio.⁶

Y concluye: “No es cierto que en Argentina se persiga a izquierdistas. Se persigue a terroristas y culpables, sin importar sus preferencias políticas”. Más adelante volveremos sobre la expresión “roban el dinero público”.

El mismo astrofísico volverá a aparecer en el Bulletin of the Atomic Scientists. Esta vez le responde a un artículo del físico brasileño José Leite Lopes, de diciembre de 1976. Leite Lopes se refiere a las dictaduras como “un cáncer que se está extendiendo en Sudamérica” y sostiene que “los derechos humanos fundamentales están siendo nuevamente violados de forma simple y brutal”. Otra vez se escucha, señala el autor, que líderes políticos “han sido encarcelados, torturados, secuestrados o asesinados, o que sus cuerpos han sido encontrados mutilados en un coche o en alguna playa”.⁷

En marzo de 1977, Levato responde, desde Tucson, que el artículo de Leite Lopes “refleja una falta de conocimiento o un sesgo político con respecto a Argentina”. Entre los errores de Leite Lopes, según el astrofísico: “habla del despido de científicos que investigan, enseñan e inventan; pero un gran porcentaje de los científicos despedidos recientemente en Argentina no trabajaban y solo usaban sus cargos para promover sus ideas políticas”⁸. Y concluye:

En esta guerra contra el terrorismo, estoy seguro de que ha habido y habrá errores y abusos, como en cualquier otra guerra. Es posible que algunos inocentes hayan sido castigados por error, y todos los científicos mencionados por Lopes podrían estar entre ellos.

Cuando Levato publica desde EEUU esta defensa de las prácticas represivas de la dictadura ya circula información sobre “purgas” en las universidades argentinas. En un contexto de escalada de secuestros y ejecución de personas por grupos de “extrema derecha”, en agosto de 1976, se hablaba en el New York Times de al menos 3000 personas expulsadas por razones políticas —profesores, personal administrativo y estudiantes— en las 28 universidades estatales durante los primeros meses de dictadura. También se aludía a profesores encarcelados como parte de “acciones antisubversivas”. El diario estadounidense cita a Acdel Vilas, uno de los generales de la “línea dura” y comandante del quinto cuerpo de Ejército: “Hasta que no logremos purificar el área de enseñanza y los profesores sean todos de pensamiento e ideología cristiana, no habremos logrado el triunfo que buscamos contra la izquierda revolucionaria”⁹.

El peor país del mundo en derechos humanos

En diciembre de 1976 ya es evidente la gravedad del panorama: “La situación básica de los derechos humanos en la Argentina es peor que en cualquier otro país en el mundo”. Esta evaluación de un politólogo de la Universidad de Cornell es citada en un extenso artículo publicado en la revista estadounidense Science con el título “Represión en Argentina: un científico atrapado en la ola de terror”. Su autor, Nicholas Wade —editor para Science entre 1972 y 1982— explicaba la “ley de prescindibilidad” y hablaba de una carta enviada al general Videla por un grupo de científicos e intelectuales mexicanos, que aludía a un centenar de investigadores del CONICET, y más de 600 de otras instituciones públicas de investigación y desarrollo, como el INTA, el INTI y la CNEA que habían sido despedidos¹⁰.

Wade dedica una sección al caso de la desaparición del físico Antonio Misetich, que había retornado a la Argentina en 1970, luego de obtener su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, EEUU), y había sido candidato a la presidencia de CNEA durante el gobierno de Perón. El artículo cuenta que Misetich había sido arrestado el 19 de abril. Ante los reclamos de colegas norteamericanos —que incluía el ofrecimiento de un puesto de trabajo en el National Magnet Laboratory del MIT—, un escrito de la Embajada Argentina en Washington, del 9 de agosto, explicaba: “Él está en buen estado de salud”. Y agregaba que “si su situación es aclarada será puesto en libertad”. Pero un mes más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino explicaba a la Embajada de EEUU en Buenos Aires que “el gobierno argentino no tiene registro del paradero del Dr. Misetich”¹¹. Según Wade, esta respuesta “puede significar que Misetich está muerto”. Y concluía: “Si es así, ha muerto en manos del gobierno, sin ser acusado públicamente de ningún delito y sin juicio público”. Hoy sabemos que el mismo día de su desaparición su contrato en la CNEA había sido dado de baja.

Más adelante, el mismo artículo explica que un grupo con sede en Nueva York tomó los casos de Misetich y de los físicos Juan Carlos Gallardo, que había sido director del Instituto de Matemática, Astronomía y Física (IMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba, hasta su renuncia en 1974, y Gabriela Carabelli, investigadora y profesora también del IMAF, que fue secuestrada con su hija de tres años, quien pudo conocer su identidad en 1984 gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Agreguemos que hoy Carabelli y Misetich figuran en la lista de los físicos argentinos desaparecidos por la dictadura.

El artículo de Wade también se refería a la persecución de “varios cientos” de médicos, psiquiatras y psicólogos, y a la suspensión de la Federación Argentina de Psiquiatría como consecuencia de la detención de algunos miembros. “Los militares también parecen asociar psiquiatría con subversión”, explica Wade citando a Amnesty International, que había enviado su primera misión a la Argentina en noviembre de 1976. A continuación, describe un confuso y escalofriante panorama de las universidades argentinas.

La Argentina kafkiana

A lo largo de 1977 el problema de la violación a los derechos humanos en la Argentina se fue instalando en las agendas informativas internacionales. A fines de abril, un artículo en Washington Post contaba que la US National Academy of Science había anunciado que, en el marco de la defensa de los derechos humanos, iba a iniciar presiones sobre los gobiernos de Argentina, la Unión Soviética y Uruguay para averiguar el paradero de ocho científicos encarcelados en los últimos dos años por razones políticas, cinco de los cuales “eran físicos argentinos que desaparecieron el último año”. Además de los casos ya mencionados, se sumaban los de Federico Álvarez Rojas y Eduardo Pasquini, “desaparecidos con sus esposas”¹².

Un mes más tarde, el 31 de mayo, el AAAS Committeeon Scientific Freedom and Resposibility comenzó a hacer circular un escrito titulado “Background Paperon Persecution of Argentinian Scientists”¹³. Desde su misma creación en octubre de 1976, este comité prestaba especial atención a lo que ocurría en Argentina, donde se consideraba que las violaciones a los derechos humanos eran de “amplia escala”.

El documento menciona el “secuestro, desaparición o encarcelamiento sin juicio” de nueve psiquiatras y de una lista provista por Amnesty International sobre médicos secuestrados en centros de salud mental, y describe la situación de los Hospitales Borda, de Lanús y Avellaneda. Finalmente, el informe agrega una lista con 11 científicos de los que se desconocía el paradero —los cinco físicos mencionados en el Washington Post, el astrofísico Horacio Dattori; el psiquiatra Claudio Berman, la entonces ex presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras, Sylvia Berman; la psicóloga Mónica Mignone; y el entonces presidente de la Asociación Argentina de Abogados, Mario Yacub—, con el perfil biográfico y las noticias que se tenían de cada uno de ellos.

Este comité de la AAAS, en noviembre de 1976, había comunicado su preocupación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y reclamaba el envío de una delegación para observar la situación in situ. Luego de reiterados contactos, se había logrado hacer público el testimonio del físico Máximo Victoria, quien se presentó personalmente el 26 de mayo de 1977 ante la comisión de OEA acompañado por miembros del comité de la AAAS.

En una carta dirigida a la coordinadora de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EEUU, Patricia Derian, con fecha 29 de julio de 1977, el director Ejecutivo de la AAAS, William Carey, habla de “los despidos y encarcelamientos de cientos de investigadores y científicos académicos, sus asistentes y estudiantes durante el último año”, además de reproducir una lista con diez nombres¹⁴. La situación a fines de 1977, es inenarrable. Era tan grave, que resultaba inocultable.

En 1978, ocurren dos casos de secuestros y desapariciones que son difundidos por la Physical Society de EEUU. Allí se alienta al reclamo por “colegas oprimidos políticamente” y se presentan algunos ejemplos. Entre ellos figura una carta a Videla, sin fecha y sin el nombre del/de la firmante, que reclama por dos casos. El de Alfredo Giorgi, físico y químico que dirigía el laboratorio de investigación de plásticos del INTI que “fue citado a las oficinas administrativas del INTI por funcionarios del Instituto y entregado a hombres que afirmaron ser militares y policías”. El secuestro ocurrió 27 de agosto de 1978, cerca de las 16.00 horas. El otro caso ocurre el 8 de diciembre y se refiere a “la inexplicable desaparición de Daniel Bendersky, un joven físico argentino”. Quien escribe, cuenta haber enviado una carta, el 20 de abril de 1979, a Jorge A. Aja Estil, Embajador de Argentina en Estados Unidos, donde le cuenta que a Bendersky se le había “ofrecido una beca en el Instituto Tecnológico de Massachusetts” para que pudiera continuar con su trabajo científico¹⁵. Bendersky aparece en una lista de “casos recientes”, en un cable del Departamento de Estado del 20 de diciembre de 1978, a 12 días de su secuestro¹⁶.

A modo de síntesis, a mediados de marzo de 1978, el “Comité de Derechos Humanos” de la Academia de Ciencias de EEUU sintetiza el escenario argentino:

El Comité considera que la situación de la ciencia se ve afectada negativamente por la situación de los derechos humanos en Argentina. La preocupación por la seguridad personal, la práctica continua de despidos arbitrarios de puestos científicos y el considerable número de científicos desaparecidos, sobre los cuales las autoridades gubernamentales manifiestan desconocer, constituyen claras violaciones de los derechos humanos¹⁷.

Como contrapunto local, la revista Ciencia e Investigación, publicación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, transmite, durante 1976, una impresión de normalidad. Esta actitud contrasta con el activismo de la Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que en simultáneo confronta con la dictadura brasileña y hoy mantiene un enorme prestigio y representación masiva de escala nacional en Brasil. Por su parte, la Academia Nacional de Medicina disputa en las páginas de Science, en julio de 1978, contra “los informes falsos y maliciosos difundidos en el extranjero por la prensa”, que “tergiversan la situación social en nuestro país”¹⁸.

Un informe de la AAAS, de mediados de 1981, donde evalúa el estado de los DDHH en la ciencia argentina expresa:

Es imposible determinar el número exacto de científicos argentinos que han sido encarcelados o desaparecidos desde la toma del poder por los militares en marzo de 1976. Si bien el gobierno ha emitido ocasionalmente listas de arrestos y liberaciones desde diciembre de 1979, a menudo contienen contradicciones y no incluyen a los desaparecidos¹⁹.

En un apéndice se presenta una lista de “científicos, ingenieros, profesionales médicos y estudiantes de ciencias argentinos que han desaparecido desde 1976”, donde se incluyen 35 nombres.

Transformación compulsiva de las instituciones

A continuación, se presentan tres ejemplos que permiten comprender cómo la violencia estatal también se orientó a la reestructuración compulsiva de las instituciones de CyT, a sus modalidades de inserción sectorial y, como corolario, a la redefinición de sus agendas de I+D.

El primer caso es el del INTA, que como ya se mencionó, al igual que el resto de las instituciones de CyT, fue intervenida por los militares. Una ex investigadora del organismo sintetiza los objetivos de la práctica represiva:

Los equipos más diezmados, atacados e incluso los conocimientos negados como tales fueron aquellos que desde las diferentes disciplinas, trataron de integrar los aspectos sociales con los productivos, y de reconocer las profundas diferencias e inequidad entre los sectores rurales. El reconocimiento de los pequeños productores, y de sus requerimientos y demandas de tecnologías apropiadas eran en sí mismo un pensamiento subversivo. (Saucede, 2007)

Hoy se sabe que las cesantías por “razones de seguridad” para 1981 alcanzaron a 794 personas. Cecilia Gárgano (2015) analiza tres asesinatos producidos con anterioridad al golpe militar y siete casos de secuestrados y desaparecidos ocurridos entre 1976 y 1978, que incluyen el caso de Rita Alés de Espíndola, extensionista, cuya hija nació en cautiverio, en 1977. La misma investigadora cuenta que, entre las temáticas de investigación clausuradas, se produjo la destrucción de una línea de experimentación en genética aviar en la estación experimental de Pergamino, destinada a mejorar la calidad de alimentación de la población rural de zonas geográficas y socioeconómicas periféricas. El titular del proyecto fue exonerado y fueron faenados los más de 20 mil animales que habían sido seleccionados hasta ese momento para los experimentos.

En síntesis, mientras la expansión agropecuaria se articulaba con la especulación financiera, la introducción de mecanismos represivos se propuso también silenciar debates y expulsar trabajadores críticos de las agendas de investigación y extensión. En términos generales, se intensificó un proceso de fragmentación y mercantilización del conocimiento producido por el INTA y se relegó a los pequeños productores y la familia rural.

Otro caso es la CNEA, donde si bien las inversiones y la orientación “industrialista” parecían ir a contramano de la política de apertura comercial y desregulación financiera de Martínez de Hoz, es importante comprender que el desarrollo nuclear se integró a una nueva configuración de relaciones corporativas entre el Estado autoritario y un sector privilegiado de grandes empresas. Según Pucciarelli (2004), esta nueva fracción del poder económico fue beneficiada por la proliferación de contratos para la provisión de obras, de bienes, materiales estratégicos y asistencia tecnológica “a las nuevas ramas en expansión monopolizadas por el Estado, tales como la industria bélica, aeronáutica, y nuclear”. Esta mutación del contexto macroeconómico transformó al desarrollo nuclear en instrumento para la consolidación de la llamada “patria contratista”. La paralización de obras durante el gobierno de Alfonsín será una clara consecuencia del sobredimensionamiento del sector nuclear.

En este contexto, la CNEA fue objeto de una escalada represiva. Mientras se incorporaba numeroso personal contratado, previamente supervisado por la Secretaría de Inteligencia del Estado, a fines de 1976 habían sido desvinculados por distintos mecanismos alrededor de 600 profesionales, técnicos y administrativos de la institución. Después del retorno a la democracia, la Comisión de Derechos Humanos del Personal de CNEA (CDHPCNEA) logró recuperar alrededor de 500 “legajos paralelos” creados durante la gestión de Castro Madero, con información ideológica, gremial y política, que evidencian que el personal de la CNEA estuvo bajo vigilancia. Hoy llega a 22 la lista de trabajadores desaparecidos de CNEA.

Finalmente, el tercer caso que se analiza es el del CONICET. Mientras que las universidades públicas redujeron su participación en el presupuesto nacional en el período 1976-1983 —con el objetivo era neutralizar su autonomía y su politización—, el CONICET capturó ese recorte y lo canalizó hacia el desarrollo de su propia estructura institucional. La investigadora Fabiana Bekerman (2018) explica que esta intervención se manifiesta en “la contracción del sistema universitario y la concentración de la investigación científica en un ámbito menos autónomo y más controlable como es el CONICET”. Como parte de esta expansión, guiado por un programa de descentralización, se impulsó en CONICET la creación de institutos. El crecimiento fue progresivo, comenzando con 55 en 1976 y finalizando con 147 institutos en 1983. Esta política contó con el apoyo de un préstamo del BID, aprobado a fines de febrero de 1979, por un monto de 66 millones de dólares (Algañaraz et al, 2014).

Estas transformaciones fueron acompañadas por prácticas de persecución ideológica a su personal. En 2023, el equipo de investigación de la Comisión de la Memoria de CONICET había identificado 15 casos de detenidos-desaparecidos vinculados al organismo. Del análisis de Bekerman et al. (2023) surge que, entre 1976 y 1983, se produjeron 482 exoneraciones y 1817 expulsiones forzadas de investigadores, personal de apoyo y becarios, en muchos casos seguida de la interrupción de la carrera científica y de la migración como opción de supervivencia.

Conclusiones

Un análisis aparte merecen los discursos y afirmaciones de los funcionarios de la dictadura y de quienes fueron cómplices de los delitos de lesa humanidad. Mostraría, seguramente, algo que tiene singular vigencia: acusar falazmente a víctimas de persecución y, en general, a los que piensan diferente de acciones y delitos graves que el poder fáctico y sus aliados cometen. Tal análisis será motivo de otros trabajos, pero vale la pena, a propósito de los procesos enfocados en este artículo, destacar el caso mencionado anteriormente de los dichos del astrofísico argentino publicados en 1976 en Nature, donde afirmaba que “los subversivos no son sólo los que ponen bombas […] sino también los que roban el dinero público”. Irónicamente, por esos días los directores nombrados por la dictadura al frente de algunos institutos de CONICET, a través de la creación de fundaciones, comenzaron a montar mecanismos para malversar fondos provenientes de los subsidios de investigación. El gobierno de Alfonsín investigó y abrió causas judiciales al respecto, que se detallan en el Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Período 1976-1983, publicado por la SECyT en 1989. Este documento explica que aquellas fundaciones “efectuaban colocaciones financieras con los fondos hasta el momento de su utilización efectiva, y se apropiaban de las rentas”, que terminaban en “un enorme incremento patrimonial”. En apenas tres años se habían llegado a adquirir “varios departamentos en zona céntrica y hasta una playa de estacionamiento”. Hoy sabemos que la dictadura inauguró un nivel de corrupción sistémica del poder económico desconocida hasta esos días, que se amplificó en los años noventa y llega al presente.

Desde el inicio de la posdictadura, en diciembre de 1983, se tornó perentorio dejar atrás la herencia devastadora de la violencia estatal y sus secuelas para iniciar un proceso de recuperación de las instituciones de CyT para la democracia. El sociólogo Claus Offe (1996) sostiene que la construcción de instituciones “constituye el problema práctico central que enfrentan las sociedades a medida que emergen de un pasado completamente desacreditado”. Sin embargo, retrospectivamente, cuatro décadas de posdictadura muestran la vigencia del poder económico cómplice del terrorismo de Estado y de su proyecto de desindustrialización, financierización, extranjerización, endeudamiento, privatización de bienes públicos y fuga de los excedentes obtenidos con trabajo argentino.

Si bien este proyecto fue disputado por algunos gobiernos con distintos grados de eficacia —en especial, el período 2003-2015 puso en evidencia que es posible otra Argentina—, hoy la herencia económica de la última dictadura está vigente y se expresa en un régimen de valorización financiera que desarrolló una modalidad de extractivismo financierizado incompatible con las propias nociones de democracia y soberanía, así como con la demanda nacional de ciencia y tecnología²⁰. La deuda perentoria es clausurar este sendero de pobreza y subdesarrollo que hoy se manifiesta como terrorismo financiero.

Referencias

Algañaraz , V. y Bekerman, F. (2014). El préstamo BID-CONICET (1976-1983). En H. Sabea y F. Beigel (Comps.), Dependencia académica y profesionalización en el Sur: perspectivas desde la periferia (pp. 129-139). EDIUNC, SEPHIS. ↑

Bekerman, F. (2018). La investigación científica argentina en dictadura (1974-1986). EDIUNC. ↑

Bekerman, F., Rossomando, P. y Lamaison , M. (2023). Desde la Dictadura Militar hacia la Reparación Institucional en el CONICET. Dados, 68(2). ↑

Franco, M. (2016). La represión estatal en la historia argentina reciente: problemas, hipótesis y algunas respuestas tentativas. En G. Águila, S. Garañoy, y P. Scatizza (Comps.), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina (pp. 15-43). FaHCE. ↑

Gárgano, C. (2015). Tecnología agropecuaria y dictadura. La intervención militar del INTA. En Ciencia en dictadura: trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina (pp. 141-171). INTA. ↑

Hurtado, D. (2025). Cambio climático y transiciones energéticas en un contexto de conflicto hegemónico. La Argentina en la telaraña de la valorización financiera ampliada. Realidad Económica, 373(55), 99-142. ↑

Offe, C. (1996). Designing Institutions in East European Transitions. En R. Goodin (Ed.), The Theory of Institutional Design (pp. 199-226). Cambridge University Press. ↑

Notas

1 Este marco jurídico de excepción “integró las cárceles con el sistema represivo clandestino durante la dictadura”, además de la instalación del estado de sitio, “que nunca se levantó hasta la restitución del régimen democrático en 1983” (Franco et al, 2016).

2 Rudbeck, J. (1976). Ford Foundation Call Re Employees at Castelar [Memorándum del agregado agrícola a la Embajada de EEUU]. Colección State Argentina Declassification Project (1975-1984).

3 Amembassy Buenos Aires (1976). Firings and Arrests in Argentine Technological Institutes [Telegrama de la Embajada de EEUU al Departamento de Estado de EEUU]. Free of Information Act (FOIA), U.S. Department of State.

4 Accascina, F. et al. (22 de julio de 1976). “Plea for Argentinians” (Correspondence), Nature, p. 253.

5 Nature (22 de julio de 1976). “Out of Work in Argentina”, 262, p. 243.

6 Levato, H. (19 de agosto de 1976). “Scientists in Argentina” (Correspondence), Nature, 262, p. 642.

7 Leite Lopes, J. (1976). “A scientist's plea for human rights in South America” (Commentary), Bulletin of the Atomic Scientists, 32 (10), p. 3.

8 Levato, H. (1977). “Freedom in Argentina” (Letters), Bulletin of the Atomic Scientists, 33 (3), p. 8.

9 De Onis, J. (5 de agosto de 1976). “Argentina Purges Major University”, New York Times, 5 de agosto; De Onis, J. (20 de Agosto de 1976). “Rightist Terror Stirs Argentina”, New York Times.

10 Comisión Argentina de Solidaridad (diciembre de 1977). “CAS Report Supplement. Additional information on the situation of Argentine scientists and university professors” (mimeo).

11 Wade, N. (1976). “Repression in Argentina: Scientist Caught Up in Tide of Terror”, Science, 194 (4272), pp. 1397-1399.

12 O’Toole, Th. (28 de abril de 1977). “Science Academy Sets Rights Drive on 8 in Prison”, Washington Post.

13 AAAS CSFR. (31 de mayo de 1977). “Background Paper on Persecution of Argentinian Scientists” (mimeo).

14 William D. Carey (29 de julio de 1977). Carta a Patricia Derian. Washington DC. Argentina Project (S200000044), U.S. Dept. of State, A/RPS/IPS.

15 Schewe, Ph. 1981. “Human Rights Kit: Suggestions for Activities In support of Oppressed Physicists”, Physics and Society, 10 (2), pp. 9-16.

16 Margaret P. Grafeld (20 de diciembre de 1978). “II. Argentina: Recent Case Histories” (Release). Washington DC, U.S. Dept. of State, A/RPS/IPS. Proyecto Plan Cóndor. Se reproduce un texto de Tom Jones de Amnesty International. Este documento sostiene: “La respuesta del gobierno militar del general Videla en los dos años y nueve meses transcurridos desde el golpe militar ha sido una de las represiones más despiadadas y sangrientas de la historia de nuestro tiempo” (p. 4).

17 NAS (24 de abril de 1978). “National Academy of Science Committee on Human Rights: Results of a Visit to Argentina and Uruguay” (mimeo). Argentina Project (S200000044), U.S. Dept. of State, A/RPS/IPS.

18 Rivarola, J. y Uriburu, J. (1978). “International Cancer Congress: The View from Argentina” (Letters), Science, 201 (4352), p. 211.

19 Stover, E. (1981). Scientists and Human Rights in Argentina Since 1976. Washington DC: AAAS.

20 Sobre extractivismo financierizado, ver Hurtado (2025).